Familias "no usurpadoras" siguen reclamando por sus derechos

Un grupo de mujeres de Caleta Olivia que representan a 80 familias que rechazan las usurpaciones de viviendas de planes oficiales acudieron ayer al edificio de Tribunales para exigir que la Justicia haga valer sus derechos de acceder legalmente a las mismas.
Caleta Olivia (agencia)

Las manifestantes esperaban ser recibidas por Jorge Alonso, el juez de instrucción de la causa que se abrió luego de que tanto el municipio como el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IDUV) presentaran denuncias por las masivas ocupaciones ilegales de dos planes habitacionales en los barrios Centenario y Rotary 23, ocurridas pocos días antes de las elecciones generales.
Por razones no especificadas, el magistrado no las recibió pero sí lo hizo el fiscal Martín Sedán, quien invitó a tres voceras a dialogar en su despacho.
Las restantes integrantes del grupo aguardaron en el acceso al edificio, enarbolando varias pancartas en las que se leía "basta de corrupción", "queremos el desalojo de los usurpadores" y "pacíficamente esperamos pero exigimos que nos escuche y apure la causa Dr. Alonso".
Vale señalar que las familias "no usurpadoras" realizan casi a diario marchas de protesta por las calles céntricas y están inscriptas en los listados del IDUV desde hace varios años, habiendo en su mayoría justificado el puntaje para acceder a una vivienda oficial.
En el caso de las familias "usurpadoras", que suman más de 250, muchas también tienen suficiente puntaje y argumentaron estar cansadas de esperar mucho tiempo. Pero en ese mismo grupo hay gente que ha llegado hace poco tiempo de provincias del norte del país y extranjeros que no completaron sus trámites de radicación.

EXTRAÑO PEDIDO
Al finalizar la reunión, de acuerdo a lo comentado por las voceros que se entrevistaron con el fiscal Sedán, el mismo les habría solicitado que se dirigieran a charlar con el director para la zona norte del IDUV, Pablo Fernández, a fin de sugerirle que anexe en la denuncia que presentó oportunamente la aplicación de un nuevo artículo del Código de Procedimientos provincial.
A través del mismo, según el relato que hicieron a El Patagónico, la justicia podría ordenar la restitución de las casas usurpadas, en este caso las que son de competencia directa del IDUV, pero resulta insólito que el fiscal haya "delegado" un procedimiento legal al grupo de mujeres que lo entrevistó.

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