Se acerca el 30 de septiembre, fecha en la que se vencerán los contratos temporales de una gran cantidad de empleados estatales a los que se les prorrogó el vínculo por los últimos tres meses. En los gremios que agrupan a esos trabajadores hay temor por la no renovación de una gran parte de los mismos. Si bien desde el Gobierno sostienen que el recorte que harán no será tan profundo como veces anteriores, en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y en la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) existe temor y aseguran que el mayor ajuste se sentirá en los ministerios de Salud, de Justicia y de Capital Humano. Hay 70 mil puestos de trabajo en la mira.
El vocero presidencial Manuel Adorni reconoció en conferencia de prensa que “se sigue evaluando al personal contratado” y que trimestralmente se realiza esa evaluación de las personas que están “dentro de proceso de cambio de estructuras” en las diferentes dependencias de la administración pública.
Desde que asumió en diciembre, el presidente Javier Milei se puso como objetivo mejorar las cuentas y achicar la planta estatal. A inicios del mes de junio, cuando el jefe de Estado cerró el acto del Latam Economic Forum había ratificado que avanzaría con el “plan motosierra” y que el Gobierno iba a despedir próximamente a otros 50 mil empleados públicos, más allá de los que había apartado a fines de 2023 y el 31 de marzo de este año. Esa amenaza no se concretó porque desde algunos ministerios hicieron llegar la información a la Casa Rosada de que no pueden seguir disminuyendo la cantidad de personal ya que eso afecta su normal funcionamiento.
En el primer semestre, de acuerdo a datos del INDEC, se redujeron en el Estado 9.211 puestos de trabajo. El ranking de reducción neta de personal lo encabezó el Correo Argentino, que pasó de 16.775 empleados a principios de año, a 12.854 al cierre de junio, casi 3 mil personas menos. De este número, la mayoría corresponde a retiros voluntarios abiertos por la empresa, que incluyeron jubilaciones anticipadas. Según datos publicados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), desde noviembre de 2023 la pérdida de empleo del sector alcanzó 37.561 trabajadores.
Durante su gestión, el Gobierno de Milei eliminó varias dependencias y organismos como el INADI y aplicó importantes ajustes en otras áreas del Estado.