Caleta Olivia (agencia)
La resolución del magistrado se produjo luego de varios meses de instancias legales motorizadas por denuncias presentadas por funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDUV) y la Municipalidad de Caleta Olivia, que eran responsables de las obras, las cuales comprendían los sectores de 147, 40 y 62 viviendas, ubicados en los barrios Rotary 23 y Bicentenario.
Por su parte el fiscal de la causa, Martín Sedán, había solicitado en varias oportunidades la aplicación de un nuevo artículo que se incorporó al Código de Procedimientos de esta provincia, por el cual se permite acelerar el proceso de desalojo de usurpadores.
En su letra fría, las notificaciones establecen que los usurpadores tienen 15 días para retirarse, ya que de lo contrario serán desalojados por la fuerza pública y se estima que esa documentación podría comenzar a ser distribuida entre hoy y mañana, en medio de un estricto operativo de seguridad.
SE LES OFRECE UN
DEFENSOR OFICIAL
"Recibimos un oficio judicial de doctor Mario Albarrán por el cual se dispone que a través de la policía se proceda a la notificación de las personas que ocuparon las 40, 62 y 187 viviendas" reveló el comisario Aboud en declaraciones formuladas el miércoles por la tarde a la FM Frecuencia Patagonia.
También precisó que a los ocupantes ilegales se les haría saber que tienen la posibilidad de contar con un defensor oficial y un funcionario del Ministerio Popular, en caso de que haya presencia de menores de edad, en tanto que también fueron alertadas del inminente operativo las áreas de Acción Social del municipio y de Derechos Humanos de la provincia.
"Se elaborará un acta con todas las circunstancias, la cual posteriormente se remitirá al magistrado interviniente, quien determinará los posteriores pasos legales", añadió el jefe policial
Al tener conocimiento de las inminentes notificaciones, un grupo de aproximadamente 30 vecinas que ocupan esas viviendas, concurrieron a hora temprana de ayer hasta el Concejo Deliberante para requerir el apoyo de los ediles.
Las mismas fueron recibidas por el presidente del cuerpo, Javier Aybar, quien les recomendó no negarse a firmar las notificaciones cuando agentes judiciales y policiales se presenten en sus casas, ya que ello no implica un inmediato desalojo sino una intimación a la que se puede interponer otros recursos legales.