La Legislatura provincial aprobó el jueves la continuidad del Comando Unificado con un respaldo político que superó los dos tercios de los votos necesarios para su vigencia.
Sin embargo, el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, criticó -según publica LU17– a los legisladores opositores que “se centraron exclusivamente en cuestiones de índole administrativa o formal”.
“Si te importa realmente la sociedad, valora que el delito está siendo medianamente controlado”, señaló el funcionario, desmintiendo que la presencia de fuerzas federales tenga como objetivo la represión de la protesta social o la realización de tareas de inteligencia interna, algo prohibido según la Constitución Nacional.
Iturrioz aclaró que la participación de estas unidades se limita exclusivamente a la prevención del delito ordinario y la protección de la seguridad ciudadana general. No obstante, recordó que en rutas nacionales la jurisdicción federal es absoluta por mandato constitucional y “escapa por completo a la voluntad” de la administración provincial o los jueces locales.
Resaltó además que la formación de un nuevo efectivo policial demanda cursos extensos y reentrenamientos anuales que impiden incorporar personal de manera inmediata para cubrir las vacantes.
Ante esta escasez de recursos humanos propios, el apoyo de las fuerzas nacionales se vuelve una pieza operativa necesaria para sostener la demanda de vigilancia. El éxito del plan de seguridad en ciudades complejas como Comodoro Rivadavia dependerá de sostener este equilibrio entre el soporte federal y el ojo experto de la policía local.