El traspaso de la Justicia del Trabajo del ámbito de Nación a la Ciudad de Buenos Aires abrió un frente de disputa con el gremio de trabajadores judiciales, que iniciaron la semana con la toma de la sede del fuero en pleno centro porteño para frenar la transferencia de competencias que se apresta a aprobar el Senado a través del proyecto de reforma laboral. Advierten que están en riesgo más de 1.600 puestos de trabajo.
Diputados aprobó la semana pasada el dictamen modificado del proyecto que, además de cambiar sustancialmente la Ley de Contrato de Trabajo, redefiniendo el cálculo de indemnizaciones, las horas extras, las vacaciones y el derecho a huelga, entre otros puntos, también habilita la cesión a CABA de los tribunales laborales que actualmente operan bajo la órbita nacional, en cumplimiento de la demanda autonómica del distrito.
La iniciativa dispone que el apartamiento infundado de los magistrados respecto de dichos criterios configurará una causal de mal desempeño en sus funciones.
La reforma laboral endurece reglas para demandas y ata a los jueces a la Corte Suprema
El Capítulo V de la reforma laboral, denominado "Acuerdo de Transferencia de la función judicial en material laboral", aprueba el convenio firmado semanas atrás entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia de CABA, Gabino Tapia, y ordena al Poder Ejecutivo a enviar al gobierno de Jorge Macri "los recursos necesarios para el funcionamiento del fuero del trabajo" para garantizar "su adecuado funcionamiento".
La iniciativa laboral volvió al Senado -tras la modificación del dictamen y la eliminación del artículo 44 de licencias médicas- y el próximo viernes se llevará a cabo la sesión para que sea ratificada o eventualmente rechazada en conjunto con el entendimiento entre las autoridades nacionales y porteñas por la justicia laboral.
En caso de ser aprobado, pone un plazo de 180 días para la entrada en vigencia, tiempo durante el cual deberán trabajar en el plan de transición para poner en marcha los juzgados del trabajo de la Ciudad. Además, remarca que será CABA la encargada de seleccionar los jueces e integrantes del Ministerio Público Fiscal que conformarán los diez juzgados de Primera Instancia del Trabajo y las dos salas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo.
Fuentes gubernamentales porteñas confiaron a Ámbito la semana pasada que el acuerdo contemplaba el traspaso de las competencias, pero con salvedades. Por ejemplo, aseguraron que el fuero nacional se quedaría "con las causas en trámite y con competencias federales en la materia sobre temas colectivos".
Sin embargo, los conflictos colectivos -negociación colectivas, convenios y acciones sindicales- también le serán retirados a la Justicia Nacional Laboral: pasarán a ser competencia del Fuero Contencioso Administrativo. En tanto que la justicia porteña tomará la ejecución de las sentencias pendientes y también entenderá sobre los nuevos casos.