La pulseada entre el Gobierno de Javier Milei y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo judicial. El juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick resolvió mantener vigente la medida cautelar que protege a las casas de estudios superiores nacionales y rechazó el planteo del Ejecutivo para dejarla sin efecto.
El magistrado consideró que los acuerdos alcanzados entre el Poder Ejecutivo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios universitarios no alcanzaron para acreditar que hubieran desaparecido los perjuicios que dieron origen a la protección judicial.
La resolución se enmarca en una acción colectiva impulsada por el CIN y otras entidades contra el Estado Nacional para reclamar el cumplimiento de la Ley 27.795, vinculada al financiamiento de las universidades públicas.
Como parte de su decisión, Cormick le otorgó tres días al Gobierno para presentar un informe con respaldo documental. Allí deberá detallar el estado actual de los compromisos asumidos y precisar qué grado de ejecución alcanzó respecto de la medida cautelar en su conjunto.
El planteo oficial se había sustentado principalmente en los acuerdos firmados el 10 de junio. Esos entendimientos contemplaron una actualización salarial del 24,33% para docentes y no docentes, distribuida entre junio y octubre; un aumento del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades públicas; una partida de $50.000 millones para hospitales universitarios y un incremento del 50% en las Becas Manuel Belgrano.
Para la administración nacional, esas medidas habían modificado las circunstancias que justificaron la cautelar. El Gobierno sostuvo que los compromisos adoptados y los trámites administrativos iniciados permitían considerar cumplidos, al menos de manera sustancial, los objetivos establecidos en los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Con ese argumento pidió que se levantara la protección judicial.
Las universidades cuestionaron esa interpretación. Plantearon que los acuerdos cubrían solo una parte de las obligaciones previstas por la ley y señalaron que continuaban pendientes aspectos vinculados con la actualización de la infraestructura, distintos programas de becas y los salarios de los investigadores. También advirtieron que los aumentos pactados no compensaban las pérdidas acumuladas durante los meses anteriores.
En su resolución, Cormick sostuvo que el Estado no consiguió demostrar un impacto positivo suficiente de esos acuerdos como para eliminar los perjuicios graves denunciados. El juez puso el foco en la falta de una definición efectiva y final sobre el deterioro de los ingresos, la pérdida del poder adquisitivo y la situación salarial del colectivo universitario.
El magistrado concluyó que la cautelar no puede considerarse cumplida ni agotada y que el conflicto continúa. También entendió que persiste el denominado “peligro en la demora”: el riesgo de que, mientras avanza el proceso judicial, se produzcan daños cuya reparación posterior resulte difícil o imposible.
La medida había sido concedida hasta el dictado de una sentencia definitiva. La Cámara del fuero Contencioso Administrativo ya la había confirmado y quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso extraordinario presentado por el Estado el 25 de junio pasado.