Les dictaron seis meses de prisión a Correa y a los otros cuatro imputados

El juez Sergio Piñeda les dictó ayer seis meses de prisión preventiva a Diego Correa y a los otros cuatro imputados en la causa en la que la Justicia investiga la constitución de una asociación ilícita para defraudar al Estado. El magistrado, en función de la acusación de los fiscales y de las pruebas recolectadas, entendió que existía un peligro concreto de que los imputados se fuguen o entorpezcan la investigación. Sigue vigente el pedido de detención de Daniela Souza, la sexta sospechosa, quien hasta ayer se encontraba fuera del país.

Los exfuncionarios provinciales Diego Correa y Diego Lüters, junto a Natalia McLeod -pareja de Correa-, Juan Carlos Ramón y Sandro Figueroa permanecerán detenidos durante seis meses. Así lo resolvió el juez penal de Trelew, Sergio Piñeda, quien ayer presidió la audiencia de control de detención de los implicados en la causa por la que se investiga la existencia y funcionamiento de una presunta asociación ilícita para defraudar al Estado.

La decisión se conoció luego de una extensa audiencia que motivó cuartos intermedios, aceptando el planteo de los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez, quienes solicitaron la prisión preventiva por seis meses no solo para desarrollar la investigación, sino para que la misma no pueda ser perjudicada con los imputados en libertad.

La audiencia comenzó pasadas las 8, casi 40 minutos después del horario previsto ya que los abogados defensores debían tomar contacto con los detenidos que llegaban desde los distintos lugares donde están alojados.

ABOGADO PARTICULAR

El dato curioso de la jornada es que solo Diego Correa, a quien los fiscales presentan como el jefe de la asociación ilícita, recurrió a abogado privado, contratando a Fabián Gabalachis. Este letrado también asiste a Sandro Figueroa. El resto de los imputados -incluida la pareja de Correa- es asistido por defensores oficiales que necesitaban tomar contacto con sus defendidos antes del inicio de la audiencia de detención.

Los allanamientos que se concretaron el miércoles se produjeron en el marco de una investigación denominada “Operativo Embrujo”. Por esta investigación se imputa a los detenidos por el delito de asociación ilícita en concurso real, con enriquecimiento ilícito.

La investigación comenzó con la denuncia hacia Correa por haber incurrido, desde la Unidad Gobernador, en sobreprecios para la compra de distintos elementos necesarios para atender en abril del año pasado la catástrofe producida en Comodoro Rivadavia luego del temporal que se desató el miércoles 29 de marzo, pero se derivó en otras maniobras que detectaron los investigadores, como fue la contratación irregular de las constructoras Dual Core SRL. y SEPAT SRL, que serían del propio Correa y de su pareja.

En su investigación, los fiscales también detectaron que el patrimonio de Correa creció de manera considerable, y sin ningún sustento en función de sus ingresos reales, desde diciembre de 2015, curiosamente el período en el que su cuñada, Giuliana Mc Leod, fue designada en la firma SEPAT SRL.

El Ministerio Público Fiscal detalló durante la extensa audiencia alrededor de 18 hechos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública generados desde empresas constituidas por los imputados.

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