Luenzo y Solanas presentaron un proyecto para renovar los buques pesqueros de más de cuarenta años

Plantean que integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, representantes gremiales y de las cámaras empresarias, coinciden en sus diagnósticos que la flota pesquera argentina es obsoleta y debe renovarse por el riesgo que para las tripulaciones implica trabajar en esas condiciones. Los últimos hundimientos de barcos pesqueros, ambos frente a las costas chubutenses, fueron los del Repunte en 2017 y del Rigel en 2018, dos buques con más 50 años de antigüedad.

Los senadores Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur-Unen) y Alfredo González Luenzo (Chubut Somos Todos) presentaron en conjunto un proyecto de ley en el Congreso. Plantea que los buques pesqueros de más de 40 años de antigüedad tendrían que ser reemplazados en un plazo no mayor a cinco años.

“Este límite impuesto a la antigüedad de los buques pesqueros no es arbitrario dado que los hundimientos acaecidos en los últimos años han sido de buques de más de 50 años como el San Antonino, hundido en 2016 y que tenía una antigüedad de 58 años, el Repunte, hundido en 2017 y que tenía una antigüedad de 55 años, y el Rigel, hundido en 2018 y que tenía una antigüedad de 50 años”, argumenta el proyecto.

A la vez, la renovación propuesta en el proyecto de ley de Solanas y Luenzo implica reemplazar en un plazo de cinco años menos del 20% de la flota pesquera argentina, “específicamente los buques fresqueros de menos de 15 metros de eslora, los cuales tienen en promedio una antigüedad que bordea los 60 años, y los buques fresqueros de más de 40 metros de eslora, los cuales tienen en promedio una antigüedad de casi 50 años”.

El costo de reemplazar esos buques ascendería a 400 millones de dólares. “Sin embargo, algunos sectores de empresarios y gremios vinculados a la industria naval y pesquera han difundido, errónea o maliciosamente, que de aprobarse el proyecto de ley tendría que renovarse en cinco años la mitad de la flota pesquera a un costo de 1.300 millones de dólares”, manifiestan.

El proyecto de Solanas y Luenzo responde a una preocupación de los legisladores a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia 145/19 sancionado por el gobierno de Mauricio Macri el 26 de febrero de este año -tres días antes de iniciarse el período ordinario de sesiones en el Congreso de la Nación-, que otorga un plazo de más de 20 años para reemplazar buques que en estos momentos tienen una antigüedad promedio de casi sesenta años y que para el año 2040 tendrán una antigüedad de ochenta años.

“En los últimos 19 años ha habido 44 hundimientos con 95 víctimas fatales, por lo tanto es una certeza que en los próximos veinte años, de no renovarse la flota pesquera argentina, se produzcan aún más hundimientos dado el incremento en la obsolescencia de los buques pesqueros”, advierten.

Con respecto al financiamiento para la renovación de la flota pesquera, el proyecto de ley prevé la creación del Fondo para el Desarrollo de la Industria Naval Nacional (FODINN), el cual otorgaría líneas de créditos blandos para la construcción, transformación y reconstrucción de buques así como la adquisición de bienes de capital, equipamiento, infraestructura y tecnología para astilleros y talleres navales nacionales.

“El FODINN contaría para tal fin con una partida presupuestaria de 40 millones de dólares anuales, disponiendo de una masa de recursos de 200 millones de dólares que a lo largo de cinco años podría financiar la construcción de hasta el 50% de los buques que deban ser reemplazados durante ese período. Tomando en cuenta además que las exportaciones de la industria pesquera argentina ascendieron el año pasado a 2.200 millones de dólares se necesitaría destinar menos del 2% de las mismas para reemplazar a los buques pesqueros obsoletos”, dimensiona la iniciativa.

En ese contexto, Solanas y Luenzo cuestionan que el Gobierno nacional en el DNU 145/19 establece como herramienta de financiamiento para la renovación de la flota pesquera la autorización a los armadores pesqueros para utilizar como garantía financiera el permiso de pesca del cual sean titulares, y/o la autorización de captura y/o la cuota individual de captura que detenten, “permitiendo así a los armadores hipotecar un recurso que no les es propio dado que los recursos vivos del mar son dominio del Estado quien fija las reglas para la explotación de los mismos por parte de particulares, habilita a los buques pesqueros a acceder a los caladeros y concede las Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC)”.

Los legisladores consideran que esa enajenación de recursos estatales fue resuelta de manera inconsulta y unilateral por el Poder Ejecutivo Nacional, ya que no hizo partícipe de dicha decisión a las provincias con litoral marítimo que integran el Consejo Federal Pesquero, entre ellas Chubut.

“La renovación de la flota pesquera es solo una parte de la política de pesca en Argentina, la cual para lograr un desarrollo sustentable deberá a la brevedad posible efectuar una revisión de la legislación vigente, contemplando la seguridad de los trabajadores pesqueros, la preservación de los recursos ictícolas, la distribución más amplia y equitativa posible de cuotas y autorizaciones de captura, la planificación de la infraestructura portuaria con una visión federal, el desarrollo de la industria naval nacional así como la eliminación gradual del descarte pesquero”, concluye el proyecto.

Fuente:

Notas Relacionadas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas del Patagónico