Lugones celebró el despido de una gremialista del Garrahan que aún no fue notificada

El ministro de Salud difundió la supuesta desvinculación de Norma Lezana, secretaria general de APyT, pero la dirigente sostiene que continúa en funciones y que cuenta con tutela sindical. Los gremios denunciaron un nuevo ataque contra los trabajadores del hospital.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, anunció públicamente la desvinculación de Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan, y utilizó incluso la cuenta oficial del establecimiento para difundir la medida. “Afuera por no trabajar”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

Sin embargo, Lezana aseguró que hasta última hora del lunes no había recibido ninguna notificación formal. La dirigente, además, sostuvo que continúa en funciones como secretaria general del sindicato y que cuenta con fueros gremiales.

“Ante los trascendidos que circulan, aclaramos que no he sido notificada de dicha cesantía, no estoy despedida, porque no fui notificada”, afirmó Lezana. Y agregó que su condición de representante sindical electa le otorga fueros que, según planteó, solo pueden ser retirados por la Justicia.

La gremialista vinculó el episodio con el conflicto que mantiene con las autoridades del hospital y denunció un “ensañamiento” contra el sindicato y contra su persona. También señaló que quienes impulsaron los sumarios contra representantes gremiales y el interventor del Garrahan, Mariano Pirozzo, están denunciados ante la Justicia Federal de Comodoro Py por presunto abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Lezana fue citada a declarar en esa causa el próximo 10 de septiembre.

El Gobierno justificó la medida a partir de un sumario. Lugones sostuvo que durante 2025 Lezana no atendió pacientes ni cumplió las funciones correspondientes a su salario. En la misma línea, el comunicado difundido por la cuenta oficial del Garrahan señaló que, de acuerdo con las actuaciones administrativas, “no se pudo acreditar” que hubiera desarrollado tareas asistenciales como nutricionista durante ese período, mientras sí se constató su participación en actividades gremiales.

El ministro planteó que la actividad sindical no puede ser utilizada como una excusa para no trabajar y afirmó que, bajo la gestión de Javier Milei, se terminó “la impunidad” de quienes pretendían vivir del Estado sin trabajar.

La Junta Interna de ATE Garrahan cuestionó duramente el anuncio y lo calificó como un episodio “persecutorio” contra Lezana. También comparó el procedimiento con lo ocurrido en febrero, cuando Manuel Adorni comunicó 11 despidos y 29 suspensiones antes de que los trabajadores fueran formalmente notificados.

Los trabajadores remarcaron además que aquellas sanciones todavía no pudieron concretarse y señalaron el anuncio contra Lezana como un nuevo ataque contra referentes de la lucha que protagonizó el personal del Garrahan durante 2025. Según la Junta Interna, aquella movilización incluyó paros, asambleas y manifestaciones durante seis meses y derivó en un aumento salarial del 61%.

La controversia también generó una reacción de familias de pacientes del hospital. El colectivo Familias Unidas por el Garrahan expresó su respaldo a Lezana y cuestionó la campaña de desprestigio. Al mismo tiempo, reclamó explicaciones sobre el manejo de fondos públicos del hospital y planteó interrogantes sobre recursos por $58 millones, las decisiones tomadas y el destino del dinero.

En paralelo, los gremios convocaron a una conferencia de prensa para este miércoles al mediodía frente al Garrahan y anunciaron una asamblea abierta para el jueves, donde definirán los próximos pasos.

El antecedente del Museo Malvinas suma otro elemento al conflicto. En junio, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó la reinstalación precautoria de Carlos Maximiliano Lalli, un delegado de ATE despedido del Museo de las Islas Malvinas y Archipiélagos del Atlántico Sur. Según informó el sindicato, la Cámara consideró que la cesantía se había producido sin el procedimiento previo de exclusión de tutela sindical establecido por la Ley 23.551 y entendió que esa situación generaba una presunción de discriminación antisindical.

En el caso del Garrahan, el anuncio de Lugones quedó así enfrentado con la versión de la propia dirigente, que asegura no haber sido notificada de su cesantía y sostiene que mantiene vigente su representación gremial.

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