Mantienen la prisión preventiva del policía condenado por el crimen de Lautaro Labbe

El tribunal de revisión dispuso que Simón Cruz continúe detenido por seis meses o hasta que el Superior Tribunal de Justicia se expida sobre la condena. La pena fue fijada en 20 años de prisión tras la revisión de la Cámara Penal.

Este martes se llevó a cabo en los tribunales penales de la ciudad una audiencia destinada a analizar la continuidad de la prisión preventiva de Simón Cruz, el efectivo policial condenado por el homicidio del menor Lautaro Labbe, ocurrido el 18 de abril de 2023.

El caso ya cuenta con doble conforme, luego de que un jurado popular lo declarara penalmente responsable el 29 de agosto de 2025 y el juez técnico le impusiera una pena de 22 años de prisión. Más tarde, en noviembre de ese mismo año, la Cámara en lo Penal revisó parcialmente la sentencia y redujo la condena a 20 años. Actualmente, el expediente se encuentra en instancia de consulta ante el Superior Tribunal de Justicia.

Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se prorrogue la medida de coerción por el plazo de seis meses o hasta que exista una resolución definitiva del máximo tribunal provincial. Argumentó que, pese a que la condena aún no está firme, subsisten los riesgos procesales que justificaron la detención preventiva.

La querella, que interviene en representación de la madre del menor, adhirió al planteo fiscal al considerar que la situación procesal del condenado se modificó con la sentencia confirmada en segunda instancia, lo que refuerza la necesidad de asegurar su sujeción al proceso.

Por su parte, la defensa particular de Cruz no formuló oposición y desistió de controvertir el pedido, aunque mantiene su pretensión de lograr una reducción de la pena impuesta.

Finalmente, el tribunal de revisión resolvió sostener la prisión preventiva por seis meses o hasta que la sentencia quede firme, en función del estado procesal de la causa y el consentimiento expresado por las partes.

La audiencia fue presidida por las juezas Raquel Tassello y Lilian Borquez. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el funcionario Franco Tavano; la querella fue ejercida por Alejandro Varas, del área de Violencia Institucional de la Defensa Pública, mientras que la asistencia técnica del condenado quedó a cargo del abogado particular Guillermo Iglesias.

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