Marcos Peña: "no damos por sentado que fue Gendarmería, tampoco que no lo fue"

Hoy se cumplirán 37 días de la desaparición de Santiago Maldonado, quien fue visto por última vez en un operativo que ejecutó Gendarmería Nacional en una comunidad mapuche de Cushamen y todo indica que el Gobierno nacional decidió cambiar de estrategia después que defender, asiduamente, a la fuerza nacional e incentivar las diferentes “teorías” que se multiplicaron tanto en medios de comunicación metropolitanos como en algunos regionales.
Es que el relato que desligaba a Gendarmería en la desaparición del joven artesano quedó atrás cuando el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, admitió que “la hipótesis más fuerte apunta” a la presunta participación de esa fuerza de seguridad.
Entre las “hipótesis” que manejaron durante todo este tiempo se encuentran el ADN hallado en la ropa del puestero de una estancia de El Maitén, que resultó no ser el de Maldonado; el supuesto escape a Chile del joven y su presunta ausencia en la protesta del 1 de agosto en el Lof en resistencia de Cushamen, cuando se lo vio por última vez.
Lo cierto es que en el cambio de timón del gobierno de Mauricio Macri estableció una serie de reuniones para delinear las próximas acciones que se llevarán a cabo en Cushamen.
Así, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, decidieron que improvisar ayer una reunión con los gobernadores de Chubut, Río Negro (Alberto Weretilneck) y Neuquén (Omar Gutiérrez) para trabajar en torno al caso Maldonado.
El encuentro fue organizado con tan poco tiempo que el vicegobernador Mariano Arcioni, a cargo del Ejecutivo provincial, no asistió fundamentando: “nosotros tenemos armada una agenda de trabajo en la provincia, e hicieron la invitación anoche (por el martes) por teléfono”.
"En ningún momento confirmé mi participación porque llamaron anoche (martes) a última hora, y nosotros ya tenemos programadas una serie de actividades acá en nuestra provincia", sostuvo Arcioni dejando al descubierto una vez más al Gobierno nacional después que el ministro provincial de Gobierno, Pablo Durán, asegurara el martes en la Legislatura que el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti, no estuvo solo de paso en el operativo que desplegó Gendarmería en Cushamen.

AVRUj EN ESQUEL

El cambio de posición del Ejecutivo nacional no solo se vio reflejado en la reunión improvisada con gobernadores patagónicos de provincias donde existen comunidades mapuches sino también en la decisión de enviar ayer al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, a Esquel para que se interiorice sobre la desaparición del joven artesano. Allí, fue recibió por el juez federal, Guido Otranto, a cargo de la causa.
El funcionario aseguró que el gobierno de Mauricio Macri espera las pericias del ADN encontrado en la camioneta del Escuadrón 35 de la Gendarmería de El Bolsón y otros elementos secuestrados.
Avruj sostuvo: "a todas luces este es un caso difícil, esto tiene que ver por cómo está instalado en la sociedad, pero quien tiene que determinar las dificultades o no de la investigación es el juez y la fiscal, por eso no es un tema simple".
El magistrado tambien recibió la visita del secretario de Justicia de la Nación, Santiago Otamendi, y a Adriana Baigorria, docente de Esquel que frecuenta la comunidad mapuche en Cushamen, quien aseguró, una vez más, que Maldonado estaba presente cuando Gendarmería reprimió.

DENUNCIARON AL GOBIERNO NACIONAL

El fiscal federal, Federico Delgado, abrió una causa penal para determinar si desde el Gobierno nacional se encubrió la desaparición de Maldonado.
En un dictamen, el fiscal le pidió al jefe de Gabinete Marcos Peña que informe de manera "urgente" las tareas que realizó la Gendarmería en la ruta 40 cuando desapareció el joven. El pedido fue efectuado ante el juez federal, Rodolfo Canicoba Corral, para que se abra una denuncia que hicieron dos organizaciones, una de ellas representada por el abogado Eduardo Barcesat.
Delgado también reclamó que se pidan copias de todo lo actuado en Esquel, y recomendó que el juez federal, Guido Otranto, sea apartado de la causa principal porque fue el que ordenó el procedimiento en el que ocurrieron los hechos y "articuló la intervención de la fuerza de seguridad".
En tanto, el jefe de Gabinete brindó ayer su informe en el Senado, a donde llevó la nueva postura del Gobierno tras más de un mes de defender incondicionalmente a la Gendarmería.Prometió: "si se comprueba algún delito no habrá ningún tipo de encubrimiento ni ningún tipo de plan que obstaculice el trabajo de la Justicia".