Miranda se negó a declarar sobre la presunta apropiación de fondos del gremio petrolero

El exgobernador de Tucumán y ahora principal dirigente de la Federación Argentina de Petróleo, Gas y Biocombustible, Julio Miranda, se negó ayer a prestar declaración testimonial en el Juzgado Federal de Caleta Olivia, en el marco de una causa vinculada a la apropiación de fondos del Sindicato Petrolero de Santa Cruz durante el período en que el mismo estuvo intervenido por la entidad de segundo grado.

Caleta Olivia (agencia)

El reciente fallecimiento del sindicalista y diputado nacional Alberto Roberti, acontecido el pasado 17 de mayo, dejó a Miranda en el primer plano de la imputación por la denuncia que hizo la conducción del gremio de esta provincia que lidera Claudio Vidal.

En principio, junto con Julio Antonio Miranda habían sido citados para el 20 de abril por la jueza Marta Yáñez, pero no se presentaron por motivos que no se precisaron, aunque luego trascendió que el primero no lo pudo hacer por razones de salud debido a que padecía leucemia y el segundo por un inconveniente de pasajes aéreos.

Antes de que ello ocurriera, a principios de abril Roberti solicitó una licencia especial al cargo de secretario general de la Federación, la cual le fue concedida por el resto de la cúpula dirigencial con goce de un sueldo de 90 mil pesos hasta la finalización de su mandato que expiraba en el año 2020.

Sobre el extinto y millonario dirigente también pesaban otras denuncias y causas judiciales que comenzaron a ventilarse en diversas sedes judiciales del país, mayoritariamente vinculadas a defraudaciones, algunas de las cuales también salpicaron a Miranda, como la que se abrió en el juzgado caletense.

un DERECHO

CONSTITUCIONAL

El ex gobernador tucumano del PJ durante el período 1999 -2002 arribó a esta ciudad acompañado por un abogado de la Federación, Oscar Massabie, quien también es contador de esa institución y por ello la defensa fue delegada en el letrado particular local Ismael Machuca, con el cual ingresó a la sala de audiencias alrededor de las 10.40 luego de esperar más de una hora en el hall del edificio ubicado en la calle Rivadavia.

El grupo estuvo acompañado pasivamente por el secretario general de la CGT Santa Cruz Norte y también dirigente del gremio de los vigiladores, Julio Gutiérrez, además de una decena de afiliados de esa última entidad.

Estos permanecieron en el exterior, donde también se pudo observar la presencia de Carlos Flaquier, uno de los dos interventores que representaron a la Federación en el gremio petrolero santacruceño por un lapso de aproximadamente dos años a partir de 2013.

La audiencia fue breve, de no más de quince minutos y por consejo de su defensor y amparándose en derechos constitucionales, Miranda se negó a prestar declaración indagatoria. Luego de esta circunstancia, viajó inmediatamente a Comodoro Rivadavia donde más tarde abordaría un vuelo regular de línea hacia Buenos Aires.

Por su parte la magistrada interviniente dispondrá de varios días hábiles para resolver la situación procesal del sindicalista y en un breve diálogo con El Patagónico cuando se retiraba de su despacho dijo que la causa sigue abierta y admitió que no podía precisar el monto de los fondos desviados del gremio de tercer grado hacia la Federación porque aún son inciertos los datos contables. En todo caso “se trataría de muchos millones”.

“CULPA DE ROBERTI”

Este medio procuró tener un panorama más claro de las imputaciones que le hacen a Miranda y por ello más tarde consultó telefónicamente a su defensor, quien últimamente cobró gran notoriedad por un singular spot publicitario a través del cual se expresa “Llamálo a Machuca”, ante cualquier problema legal.

Sin embargo, el letrado se excusó de responder a la requisitoria periodística argumentando que estaba conduciendo su vehículo por calles de Comodoro Rivadavia (probablemente había ido al aeropuerto) y aunque se comprometió a llamarnos más tarde, no lo hizo.

De todos modos, El Patagónico había logrado obtener declaraciones del exgobernador que hoy tiene 71 años, durante una breve e informal charla, previa al inicio de la audiencia.

En ese contexto aseguró que él no tenía ninguna responsabilidad en la causa que se ventila en el juzgado federal caletense y que todo “es culpa de Roberti”, de quien también dijo que era un individuo “soberbio” con el que últimamente mantenía un enfrentamiento personal por la conducción de la Federación.

Por otro lado, comentó algunos pasajes de su historia política, recordando que cuando era un joven treintañero y militante del PJ estuvo detenido durante algo más de un año en un penal de su provincia y que cuando asumió como gobernador (en 1999) no quiso que su antecesor que había sido electo en democracia le entregara la banda ya que se trataba de un represor de la dictadura militar: el general Antonio Domingo Bussi.

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