Nuevos asentamientos ilegales en Caleta Olivia

Al menos ocho asentamientos ilegales se habían registrado hasta ayer en un predio que estaba reservado para una plaza pública en el amplio radio que comprende al barrio Rotary 23 de esta ciudad, lo cual motivó que el municipio presentara una denuncia ante la justicia.

Caleta Olivia (agencia)

De manera precisa, el nuevo foco de ocupaciones de lotes fiscales que se extienden por el faldeo de un cerro de leve pendiente, está ubicado de manera contigua al sector denominado “Esperanza”, conformado por 187 viviendas oficiales que en 2015, cuando su construcción estaba paralizada, fueron usurpadas masivamente.

Las primeras carpas y precarias construcciones se instalaron el jueves de la semana pasada y una comisión policial de la Comisaria Quinta acudió al lugar constatando que habían sido colocadas por algunos obreros de la construcción, los que luego fueron citados a la Oficina de Tierras de la comuna, verificándose que no registraban pedido formal de lotes.

En consecuencia tuvieron que irse, pero el sábado a la noche varias personas decidieron instalarse de manera presurosa y ayer ya eran ocho los ocupantes que armaron casillas con chapas y tirantes.

Uno de ellos, de nombre Pablo, dijo ser un trabajador petrolero desocupado y argumentó que tomó esa decisión porque ya no podía seguir pagando alquiler y además tenía esposa y dos pequeñas hijas.

También admitió que en el lugar se hizo presente el concejal Rubén Martínez -el mismo que entregó cientos de lotes una zona alejada-, quien le prometió brindar algún tipo de ayuda.

Cuando El Patagónico acudió a media mañana de ayer, en ese sitio también se hallaba una joven de 18 años que dijo ser madre soltera y que su familia, que reside en barrio “Esperanza”, le había ayudado a levantar una improvisada casilla.

ANTECEDENTES

Por su parte, el secretario de Planificación de la comuna, Mauro Zacarías, comentó que este hecho genera otro serio problema social y que de acuerdo a la información que se disponía, parte de los ocupantes de esos lotes forman parte de las familias que usurparon las 187 viviendas.

Entendía además que la justicia debe actuar a la brevedad porque, caso contrario, puede perderse el terreno destinado a plaza y si pasa el tiempo, un desalojo resulta muy costoso ya que entra en juego lo que se denomina “evaluación fiscal”, conformada por el costo del lote y la construcción de una casa, aunque esta sea precaria.

De todos modos creía que las familias que ocuparon el predio lo desalojarían en el curso de los próximos días, e incluso confirmó que se había solicitado la intervención de la Secretaría de Desarrollo Social de la propia comuna para que se realizara un relevamiento social.

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