Oficializan el inicio del juicio político contra Piñera

El pedido fue firmado durante una conferencia de prensa en la sede del Congreso por 15 parlamentarios de todos los sectores de la oposición, quienes expresaron que esperan que el trámite se vote antes del 21 de noviembre.

Quince diputados de toda la oposición chilena formalizaron este miércoles el inicio de la acusación constitucional con fines de juicio político contra el presidente Sebastián Piñera, severamente cuestionado por su presunta vinculación con la venta de una minera a través de paraísos fiscales revelada en la investigación de los Pandora Papers, por la que el mandatario también debe afrontar una causa en la justicia penal.

Los legisladores presentaron y firmaron el texto acusatorio en la Cámara de Diputados y mostraron su confianza en que la iniciativa pueda ser tratada y votada en la primera semana de noviembre.

Para ser aprobada en Diputados, la acusación debe tener 78 votos a favor sobre 155, es decir, la mitad más uno del cuerpo, lo que augura un éxito seguro en esa instancia.

Sin embargo, una vez cumplida esa meta pasará al Senado, donde sólo podrá ser convalidada si reúne al menos dos tercios de los votos (29 de 43 legisladores), cifra que no se alcanzará sólo con los votos de la oposición.

Si bien el oficialismo aparece fragmentado e inmerso en la campaña con vistas a las elecciones presidenciales del 21 de noviembre próximo, sus principales figuras han cerrado filas en defensa del mandatario, con lo cual es improbable que la acusación llegue a buen puerto.

De hecho, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, afirmó esta mañana que la acusación constitucional es "un golpe de Estado blanco que daña la institucionalidad" y le adjudicó a los legisladores opositores intencionalidad electoral tras la denuncia.

Este no es el primer intento de juicio político que interpone la oposición contra Piñera, ya que en diciembre de 2019 se presentó una acusación constitucional contra el mandatario por violación a los derechos humanos

Piñera decretó ayer un Estado de Excepción Constitucional por Emergencia durante 15 días, con la participación de las Fuerzas Armadas, ante la "grave alteración del orden público", como definió a las protestas de comuneros mapuches en las provincias de Biobío y Arauco, de la Región del Biobío; y en las provincias de Malleco y Cautín, en la región de La Araucanía, medida que ocasionó un fuerte rechazo de las autoridades de las zonas mencionadas y de líderes opositores.

Todo ello, a pocas horas de una marcha de pueblos originarios celebrada el domingo último en Santiago en la que una activista de derechos humanos murió a causa del impacto de un proyectil, sin que se sepa aún con certeza si fue víctima de las fuerzas de seguridad o si -como afirma la policía- fue alcanzada por fuegos artificiales lanzados por manifestantes.

En paralelo, el viernes pasado la justicia aceptó la apertura de un proceso de investigación penal contra Piñera sobre negocios en paraísos fiscales.

El documento ingresó a trámite con firmas de 15 parlamentarios de los partidos: Socialista (centroizquierda), Radical (centroizquierda), Por la Democracia (centroizquierda), Comunista (izquierda), Nuevo Trato (centroizquierda), Frente Regionalista Verde Social (izquierda), Comunes (izquierda), Revolución Democrática (izquierda), Convergencia Social (izquierda), Acción Humanista (izquierda), Humanista (izquierda), Ecologista Verde (izquierda), Unir y Democracia Cristiana.

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