Caleta Olivia (agencia)
Ello en razón que el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hiciera lugar a lo planteado por el Gobierno nacional respecto de la incompetencia de la magistrada santacruceña y consecuentemente solicitó la remisión de la causa.
Al respecto, un informe emitido por la oficina de prensa de la Legislatura da cuenta de que Marta Yáñez notificó el martes de esta misma semana la novedad jurídica al legislador del FPV-PJ quien, junto a los vecinos de Perito Moreno, fueron los que presentaron la acción de amparo para frenar estos aumentos.
En la nota de referencia, adjuntó la Resolución del juzgado porteño por la cual establecía “hacer lugar al planteo de inhibitoria” impulsado por el Gobierno nacional, y en base a ello declaraba “la competencia de la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal para entender en la causa”.
“LOS VECINOS SON SANTACRUCEÑOS”
El juzgado N° 9 de Buenos Aires está a cargo de Pablo Cayssials, quien le requirió a Yáñez “la remisión de la causa, o su elevación al tribunal competente para dirimir la contienda”.
A partir de ello, Yáñez notificó a los vecinos “para su sustanciación” y ordenó que “en el interín se suspenda el procedimiento”, lo cual se interpreta como que podría dejar de actuar en la causa de referencia.
Es por ello que el diputado Flores le envió un escrito por el cual le pide que “mantenga su postura de continuar con las acciones que viene llevando adelante desde el Juzgado Federal con asiento en Caleta Olivia”.
Para reforzar su postura, le recuerda que “los vecinos de Perito Moreno son santacruceños, sus padecimientos ocurren en suelo santacruceño y deben poder ejercer el derecho de acceso a la Justicia también en nuestra Provincia y no en un Juzgado que está a más de 2.000 kilómetros de distancia”.
“De aceptar Yáñez esta Resolución de su par desde Buenos Aires –agregó Flores- se estaría avalando el desmantelamiento de la Justicia Federal, dando lugar a que toda medida que se tome desde el Gobierno nacional, o cualquier ente descentralizado, sólo pueda ser apelada en tribunales porteños”.
“Esto sería una muestra más de los tiempos que transcurren, donde la mirada federal termina en la General Paz”, cuestionó.