Prades jaqueado por taxistas, remiseros, gremio de peones y Ministerio de Trabajo

Como si no tuviera pocos problemas, el intendente Facundo Prades acaba de meterse en un brete que por el momento no deja vislumbrar una salida, dado que dentro del mismo lo presionan las cooperativas de taxis, las agencias de remises, el gremio que nuclea a los choferes-peones y el Ministerio de Trabajo de la Nación que comenzó a imponer multas por quienes se encuentran fuera de todo convenio laboral, es decir "en negro".

Caleta Olivia (agencia)

El complejo conflicto que estaba en ciernes desde hace muchos años comenzó a visibilizarse en la mañana del lunes pasado cuando el jefe comunal se encontraba en su despacho analizando algunas cuestiones institucionales. Entre ellas figuraba lo atinente a los últimos detalles del lanzamiento de una ordenanza actualizada para regular el servicio público que presta la excesiva flota de autos de alquiler existente en Caleta Olivia, la cual supera las 700 unidades.

Repentinamente, más de un centenar de taxis y remises bloquearon el acceso al edificio de la comuna y sus conductores protagonizaron un “bocinazo” para repudiar un operativo de inspectores de la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo que venían imponiendo multas que iban de 15 a 45 mil pesos a los responsables de las cooperativas, centros y agencias, por no tener laboralmente “blanqueados” a cientos de choferes.

Luego se supo que esto tenía que ver con denuncias que había realizado el Sindicato de Peones de Taxis, que comenzó a incursionar hace pocos meses en esta ciudad y llamaba la atención que de no haber sido por esa entidad la cartera laboral nacional hubiera continuado dejando que se mantuviera un vacío legal–laboral que data de muchos años.

Quienes rodean a Facundo Prades evaluaron que esto parecía tener un “tufillo” político, gremial e institucional, pero de todos modos el intendente decidió asumir el rol de “mediador”, a pesar de que el problema no era de su competencia directa.

Por ello acudió hasta la sede del Ministerio y logró que sus responsables concedieran un impasse en los operativos, en tanto los responsables de los centros de autos de alquiler argumentaban que sus costos operativos no les permitían por ahora blanquear a choferes, muchos de los cuales no congeniaban con el gremio porque temían perder su fuente laboral.

La manifestación también dejó al desnudo que algunas cooperativas están conformadas por pocos integrantes, los cuales regulan la tarea de decenas de choferes adicionales, tergiversándose el sentido del cooperativismo.

Se supo también que algunos responsables de agencias de remises cobran unos 600 pesos diarios a quienes necesitan trabajar como choferes, obteniendo importantes ingresos al tiempo que eluden el “blanqueo” laboral.

Ese mismo día, avanzada la tarde, los sindicalistas que accionaban por separado convocaron a una rueda de prensa para deslindar responsabilidades sobre los operativos, pero se cuidaron de invitar a algunos medios periodísticos (entre ellos El Patagónico), probablemente para eludir consultas comprometedoras.

POR AHORA NO HAY SOLUCION

El nuevo capítulo de esta problemática prosiguió el viernes en la sede del Centro de Taxis, donde los trabajadores del volante, propietarios y choferes recibieron al intendente, a algunos miembros de su gabinete y al diputado provincial Gerardo Terráz, para continuar buscando una solución.

En definitiva no se resolvió nada, pero vale la pena señalar que los propietarios reiteraron que no se oponían a que se cumpla con las leyes, pero le pidieron a intendente que “gestione” ante el Ministerio de Trabajo un plazo de uno o dos años para regularizar la situación o de lo contrario se perderán entre 400 y 500 puestos de trabajo porque ellos no pueden hacer frente a las cargas en estos tiempos de recesión económica.

Prades, ya jaqueado por las fuerzas concurrentes en este conflicto, reiteró que como mediador procuraría hallar un “punto de encuentro” entre las mismas.

Al mismo tiempo explicó que en Caleta Olivia se da una situación especial ya que existen “740 chapas (autorizaciones), contra 500 que existen en Comodoro” a pesar de la diferencia en cantidad de habitantes que existe entre ambas ciudades, y que algo similar ocurre con el número de empleados públicos en toda Santa Cruz con relación a Chubut, tanto en municipios como en la administración provincial.

De paso se quitó toda responsabilidad al señalar que “nosotros no entregamos ninguna chapa de taxi o remis, precisamente por la situación que nos habían planteado los trabajadores y ellos mismos saben que durante mucho tiempo esto se utilizó como una herramienta proselitista, o un modo de poder captar más votos”.

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