El fallo judicial que detuvo los incrementos libres en las cuotas de las compañías de medicina prepaga provocó fuertes críticas en el sector de la salud privada. La resolución, cuyo objetivo es disminuir el impacto del costo de las cuotas sobre los usuarios, volvió a poner en el centro del debate público el equilibrio entre la regulación estatal de los precios y la sustentabilidad financiera de las prestaciones médicas.
El presidente de la Unión Argentina de la Salud (UAS), Hugo Magonza, el organismo que agrupa a todas las compañías del sistema privado de asistencia a la salud, fijó la postura del sector tras difundirse la medida judicial.
En declaraciones a un canal de streaming que recogió la Agencia Noticias Argentinas (NA), el líder empresarial afirmó que este pronunciamiento provoca “un nivel de inseguridad jurídica enorme” dentro del sector, e indicó que las reglas de juego impredecibles y el congelamiento forzado de las tarifas espantan las inversiones necesarias para mantener eficiente la infraestructura médica.
Para el directivo, esta clase de fallos judiciales destruyen los planes económicos a largo plazo de las prestadoras y, además, comprometen gravemente el abastecimiento normal tanto de insumos básicos como de medicamentos importados.
Según Magonza, los efectos de este fallo serán muy negativos. “Están matando al sistema, la gente se va a quedar sin cobertura”, aseguró.
En cambio, las personas que defienden el fallo judicial dicen que esta intervención es imprescindible para ponerle un freno a los aumentos desproporcionados que superan ampliamente la capacidad de pago de los afiliados.
Además, remarcan que la protección del derecho fundamental a la salud y el acceso a la atención médica deben primar sobre las expectativas de rentabilidad de las empresas privadas en momentos de crisis económica.