Prisión preventiva por seis meses para los cinco detenidos por asociación ilícita

Se trata de la causa que involucra a dos funcionarios provinciales, la esposa de uno de ellos y dos empresarios por asociación ilícita y enriquecimiento. Aseguran que todos los integrantes operaban de manera coordinada para lograr la contratación de empresas truchas.

El Juez Sergio Piñeda dictó este mediodía la medida de prisión preventiva por el plazo de seis meses para las cinco personas detenidas en el marco del denominado Operativo Embrujo, plazo que también autorizó para la investigación.

La imputación y el pedido alcanza a los funcionarios Diego Correa y Diego Lüters, a Natalia McLeod –esposa de Correa- y a los empresarios Sandro Figueroa y Juan Carlos “Tato” Ramón, pero además los funcionarios podrían ampliar el procesamiento a la hermana de McLeod, quien tendría vinculación con una de las firmas involucradas en el caso.

Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams acusaron esta mañana a los cinco detenidos en el denominado “Operativo Embrujo” por el delito de asociación ilícita en concurso real con enriquecimiento ilícito y solicitaron la extensión de la prisión preventiva por seis meses en función de la complejidad de la investigación.

El fiscal Omar Rodríguez acusa a los imputados de una asociación ilícita con el resultado de un enriquecimiento ilícito a través de contrataciones directas a través de las empresas Dual Core SRL y SEPAT SRL, un de las cuales figuraban a nombre de Natalia McLeod.

Tal como publica hoy Jornada, de acuerdo a la acusación planteada en la audiencia de hoy, Diego Correa estaba detrás de la empresa Dual Core que lograba contrataciones directas con el estado. En ese contexto, el subsecretario de la Unidad Gobernador habría autorizado las contrataciones de Dual Core y Cepat.

Los fiscales indicaron que el patrimonio Correa creció considerablemente desde diciembre de 2015 y que durante ese periodo en la empresa Sepat fue designada Giuliana Mac Leod, cuñada del funcionario detenido y quien sería incorporada también al proceso judicial.

La fiscalía vinculó a los detenidos con alrededor de 18 hechos de contrataciones directas desde el gobierno a las firmas Dual Core y Sepat.

La fiscalía pidió seis meses de prisión preventiva para todos los imputados debido a la posibilidad de fuga y entorpecimiento de la investigación, además de la complejidad propia de los delitos investigados.

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