El Movimiento Evita y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) hoy a las 11 se movilizarán al Congreso Nacional en reclamo de la prórroga de la Ley 26.160 que suspende los desalojos en las tierras habitadas por las comunidades originarias.
La normativa vence el 23 de noviembre y su extensión resulta “inexorable” para las organizaciones en virtud que “no se han completado los relevamientos territoriales” establecidos por la Ley.
La movilización marcará la antesala de la sesión que tendrá lugar en el Senado de la Nación, donde se debatirá la extensión de la legislación, promulgada en 2006.
Se espera que en ese marco, los legisladores den media sanción a la iniciativa que luego deberá ser aprobada por Diputados.
Precisamente, ayer representantes de pueblos originarios se reunieron con legisladores de la Cámara Baja.
En ese marco, diputados del oficialismo y de la oposición se comprometieron a votar en la próxima sesión la prórroga de la ley, siempre y cuando la iniciativa hoy se apruebe en el Senado, ya que en ese cuerpo aún existen diferencias sobre el plazo de extensión de la normativa.
PIDEN CUATRO AÑOS DE PRORROGA PARA LA LEY
Los diputados recibieron a los representantes de las comunidades indígenas en una audiencia pública que se celebró en el Salón “Delia Parodi” del Congreso Nacional, y que fue conducida por el presidente del bloque del Movimiento Evita, Leonardo Grosso.
Asistieron a la reunión la vicepresidenta de la cámara, la radical mendocina Patricia Giménez -junto a sus pares de la UCR, Miguel Angel Bazze y Alejandro Echegaray-; el jefe de la bancada del FpV Héctor Recalde; la legisladora de Libres del Sur, Victoria Donda; su par de Proyecto Sur, Alcira Argumedo; y por la izquierda Pablo López y Juan Carlos Giordano. También dijeron presente los senadores María Ester Labado, Norma Durango, Liliana Fellner y Juan Manuel Abal Medina.
A lo largo del encuentro, los representantes de las comunidades Mapuches, Qom, Wichis, Villela, Sanavirones, Guaraníes, Warpes y Kollas plantearon la necesidad de que la prórroga de la ley se extienda al menos por cuatro años, y que se apruebe una legislación que busque dar una solución de fondos a los problemas que atraviesan los pueblos originarios.
También varios de los representantes mapuches, como diputados de la oposición, volvieron a pedir por “la aparición con vida” del artesano Santiago Maldonado, desaparecido el 1 de agosto tras el operativo de Gendarmería en la Pu Lof Resistencia de Cushamen.
Desde Cambiemos, en tanto, la radical Patricia Giménez señaló que “la voluntad del oficialismo es votar el proyecto que apruebe el Senado porque primero, por cuestiones constitucionales, lo debe aprobar la Cámara Alta” y destacó que el gobierno incorporó las partidas en el presupuesto 2018 para el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Por su parte, el diputado kirchnerista Héctor Recalde señaló: “nosotros vamos a votar por la prórroga y queremos que sea por cuatro años para que tengan el oxígeno necesario para alcanzar una solución definitiva”.
Cabe recordar que la ley 26.160 declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que ocupan las comunidades indígenas, cuya personería jurídica estuviese debidamente registrada ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas.