El destino de los fondos recaudados mediante el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) quedó sin precisiones durante la conferencia de prensa que brindó este martes el vocero presidencial, Adrián Ravier. La consulta apuntaba a conocer dónde están colocados actualmente esos recursos, qué plazos tienen las inversiones y cuándo serán utilizados para el financiamiento vial.
La recaudación acumulada por ese impuesto fue estimada en alrededor de $1,4 billones, según información difundida previamente, mientras que otras estimaciones ubicaron el monto en torno a $1,5 billones. Parte de esos recursos permanecería colocada en distintos instrumentos financieros.
Ravier no aportó detalles sobre esas colocaciones ni sobre los plazos para su utilización. Su respuesta se concentró en la política que la administración de Javier Milei impulsa para modificar el esquema de mantenimiento y administración de las rutas nacionales.
“Lo más importante es el cambio de paradigma”, sostuvo el funcionario. En su explicación, señaló que hasta diciembre de 2023 los contribuyentes aportaban recursos destinados a Vialidad Nacional para el mantenimiento y mejoramiento de las rutas. Según planteó, ese mecanismo no había alcanzado los resultados esperados.
El vocero afirmó además que el Gobierno recibió rutas nacionales en muy mal estado y mencionó investigaciones judiciales destinadas a determinar qué ocurrió con fondos utilizados durante administraciones anteriores.
Sobre el nuevo esquema, Ravier destacó el proceso impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, con una mayor participación del sector privado. “El ministro Caputo lleva a cabo un proceso de transformación que ha tenido éxito en otros países, donde las rutas nacionales se hacen con inversiones privadas”, explicó.
Según detalló, ya fueron licitados alrededor de 9.000 kilómetros de rutas, principalmente corredores considerados estratégicos por su nivel de tránsito. El Gobierno espera que para octubre la totalidad de esos procesos se encuentre en ejecución. A ese volumen se suman otros 6.000 kilómetros que están en proceso de licitación.
Otro de los ejes señalados por Ravier son las negociaciones con los gobernadores para que las provincias asuman la administración de determinados tramos de rutas nacionales. A esto agregó la disponibilidad de materiales para tareas de bacheo que Vialidad Nacional mantiene en las provincias y que fueron financiados con recursos del Tesoro.
“La combinación de los cuatro nos conduce a una solución de mediano y largo plazo”, sostuvo el vocero, al referirse a los distintos componentes de la estrategia oficial.
Ravier también vinculó las dificultades para ejecutar obras durante los primeros meses de la gestión con la situación fiscal recibida en diciembre de 2023. Mencionó un déficit fiscal de entre cinco y seis puntos del PBI y sumó el déficit cuasifiscal como otro de los condicionantes.
“Poner dinero en las rutas con un Estado quebrado es muy difícil”, afirmó. También señaló que la inflación registrada al comienzo del mandato complicaba las licitaciones y el ingreso de capital privado.
Según su explicación, el posterior orden fiscal, monetario y cambiario permitió retomar licitaciones y generar condiciones para atraer inversiones privadas destinadas a la infraestructura vial. “Es un cambio de paradigma”, insistió.
La explicación, sin embargo, mantuvo sin precisiones el destino concreto de los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos: quedaron sin especificar los instrumentos financieros donde se encuentran colocados, los plazos de esas inversiones y el momento en que esos fondos serán destinados a las rutas.