La propuesta ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados, pero ya despertó cuestionamientos de organizaciones de inquilinos, que advierten sobre el impacto que podría tener en un contexto de crisis económica y creciente dificultad para afrontar el costo de la vivienda.
Cómo funcionaría el nuevo sistema
El proyecto establece que las causas de desalojo se tramitarán mediante un proceso sumarísimo, el mecanismo más rápido previsto por la Justicia argentina, con el objetivo de reducir los tiempos de resolución.
En los contratos de alquiler de vivienda, si el inquilino acumula dos meses de deuda, el propietario deberá intimarlo formalmente y otorgarle un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar la situación.
Si la deuda no es cancelada dentro de ese período, el propietario podrá iniciar la demanda de desalojo. Una vez iniciado el proceso, el pago posterior ya no alcanzará para frenar la acción judicial.
Desocupación anticipada
Uno de los aspectos más discutidos de la iniciativa habilita al juez a ordenar la entrega anticipada del inmueble, incluso antes de que exista una sentencia definitiva.
En esos casos, el propietario deberá presentar una caución juratoria, comprometiéndose a responder por los daños que pudiera ocasionar la medida si luego se determina que no tenía derecho al desalojo.
La solicitud deberá resolverse en un plazo de cinco días, mientras que el proceso judicial continuará hasta dictar sentencia.
Cambios en las pruebas y notificaciones
El proyecto también limita los medios de prueba en los juicios por falta de pago o vencimiento del contrato. Solo se admitirán pruebas documentales y periciales, dejando de lado otros mecanismos, como la declaración de testigos, con el objetivo de agilizar el trámite.
Además, incorpora el domicilio electrónico como medio válido para realizar intimaciones y notificaciones cuando haya sido fijado en el contrato de alquiler.
Inspecciones y uso de la fuerza pública
La iniciativa prevé que, ante denuncias por ocupación, falta de pago o deterioro del inmueble, el juez pueda ordenar una inspección judicial dentro de las 72 horas para identificar a los ocupantes.
Asimismo, el mandamiento de desalojo podrá autorizar expresamente el uso de la fuerza pública, el allanamiento y la apertura de cerraduras si fuera necesario para concretar la restitución del inmueble.
Excepciones previstas
El proyecto contempla una única excepción para hogares donde residan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de vulnerabilidad. En esos casos, antes de ejecutar el desalojo, el juez deberá dar intervención a los organismos de protección correspondientes y podrá otorgar hasta 10 días para gestionar un alojamiento transitorio.
Críticas de organizaciones de inquilinos
Desde entidades que representan a los inquilinos cuestionaron el alcance de la iniciativa y sostienen que podría afectar a millones de familias que atraviesan dificultades económicas.
Según datos difundidos por esas organizaciones, más del 70% de los hogares inquilinos mantiene algún tipo de deuda, mientras que cerca del 30% se encuentra en situación de emergencia habitacional. En ese contexto, consideran que el nuevo procedimiento reduce las posibilidades de defensa frente a un eventual proceso de desalojo.