En principio, algunos referentes de las bases de la fuerza provincial argumentan que esta posible medida estaría vinculada con intereses de funcionarios del nuevo gobierno para favorecer a las empresas de seguridad privada, lo cual provocaría una sustancial merma en los ingresos económicos de los policías.
Otros indicaron que las restricciones a los servicios adicionales que tienen un valor promedio de 2.000 pesos por hora comenzarían en el ámbito de compañías petroleras y mineras.
Otras fuentes cercanas a la Jefatura Policial consultadas por El Patagónico indicaron que, en rigor, aún no está definida la renovación de contratos que estableció la anterior gestión gubernamental con las empresas privadas a través del Ministerio de Seguridad y que es necesario disponer de la mayor cantidad de personal de la institución para la seguridad pública.
Como ejemplo de ello, citaron que para las represas hidroeléctricas se venía afectando a unos 25 efectivos que permanecían una semana en los obradores, lo cual reducía el plantel de las comisarías de varias localidades cercanas, tales como las de El Calafate, Piedra Buena y Puerto Santa Cruz.
Por tal motivo se espera que en el curso de los próximos días, a través de sus áreas específicas en este tema, el gobierno dé a conocer un informe sobre la situación que se plantea.