Trabajaban con Torres Otarola, pero nadie los conocía en el ministerio

El próximo lunes está previsto que continúe el juicio oral y público en contra de siete imputados de la causa penal denominada “Ñoquis Calientes”, que tiene al frente de la misma a la exministra de Familia, María Cecilia Torres Otarola.

En la jornada de este jueves siguieron declarando los testigos aportados por los acusadores que investigaron el caso que tiene como principal imputada a María Cecilia Torres Otarola, diputada provincial entre 2015 y 2019 y luego ministra de Familia de Mariano Arcioni.

El fiscal general Omar Rodríguez, Analía Acuña y Diego Moya conforman el equipo de trabajo de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Administración Pública. Entre ellos se destaca Cristian Cayún, un perito caligráfico que se refirió a aspectos técnicos y la constatación sobre la falsificación de la firma del imputado Branco Rodera Neira, que se realizó en documentación vinculada con su designación. Se trata del joven que recibía un sueldo mientras estudiaba medicina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Carlos Romero también realizó tareas administrativas en el Ministerio de Familia y fue otro de los testigos de los fiscales que investigaron el caso. En su declaración se refirió a los legajos personales de los imputados con los datos personales y laborales de cada uno de ellos en el Ministerio de la Familia, además de detalles de los decretos de designación sin que figuren tareas específicas, todas designaciones ha pedido de la entonces ministra Torres Otarola. Entre los datos personales figuran, en la mayoría de ellos, sus domicilios particulares, en la Capital Federal.

Otra de las testigos se refirió al organigrama del Ministerio de Familia en función de las designaciones realizadas por quien entonces era una todopoderosa ministra del gobierno de Arcioni, tanto que hasta se atrincheró en su ministerio mientras el entonces jefe de Gabinete, Andrés Meiszner (el mismo que ahora ocupa cargos importantes en el gobierno de Ignacio Torres), pretendía echarla por sus constantes irregularidades.

DESPLAZAMIENTOS LABORALES Y REASIGNACION DE FUNCIONES

Al referirse a algunos de los imputados -Mara Rodera-, la testigo indicó tener conocimiento que tenían domicilio en la Capital Federal y que a otros no los conoció.

Irene Gigena actualmente es jubilada del Estado provincial, aunque también ejerció la docencia. Desde el año 2018 comenzó su segunda etapa en el Ministerio de Familia y Desarrollo Social para integrar los equipos técnicos de la Dirección de Economía Social. Se refirió al trabajo intenso que debió realizar en medio de la pandemia de coronavirus y conflictos privados entre algunos funcionarios.

Entre otros aspectos, dijo no conocer y no haber visto nunca a los imputados, a excepción de Jackeline Rodera.

Fuente: MPF Rawson

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