Tras el abuso sexual de una soldado, la Justicia exige reformas 

Un teniente coronel abusó de una soldado de rango inferior en un liceo de Tucumán y el Ejército la echó. Ocurrió en 2017 y el caso llegó a Casación, que acompañó un pedido para que apliquen protocolos ante casos de violencia contra la mujer.

El 23 de marzo de 2017, F.J.P. se presentó a las 6 de la mañana en la sede del Liceo Militar General Aráoz de Lamadrid, en San Miguel de Tucumán, donde era soldado voluntaria. Todo transcurrió de manera normal al menos hasta las 9.20 cuando recibió una orden de su superior, el teniente coronel Carlos Bulacio, que le pidió que le ordene la cama y uniformes en su habitación, una tarea que nada tenía que ver con sus funciones.

Como no sabía en qué parte del predio se encontraba ese cuarto, no dudó en pedirle ayuda a un soldado que la guió hasta el lugar. Fue ahí cuando empezó con la tarea asignada y fue sorprendida por Bulacio, que se apareció de sorpresa, la agarró de la cintura y la obligó a mantener relaciones sexuales. Ella se negó y de entrada buscó repeler el ataque.

F.J.P. utilizó la fuerza de su cuerpo para escapar de la situación. Le pidió que se vaya y que no le haga nada, pero Bulacio siguió con su ataque: se encargó de cubrir la puerta y empezó a bajarse los pantalones para luego obligarla a que le practique sexo oral. La víctima logró zafarse deslizándose por la pared y la puerta de un placard con un tornillo suelto que le lastimó el brazo, hasta que pudo refugiarse en un baño.

MIRARON PARA OTRO LADO

En un primer momento tuvo la intención de mantenerse callada, pero al rato dos compañeros ya sabían lo que le había pasado. Cuando se lo cruzó, Bulacio actuó impune, como si nada hubiera pasado.

El lunes, en tanto, fue a ver a la ginecóloga del Liceo, que a pesar de la gravedad del relato no le practicó ningún examen médico. Fue el primero de los episodios que mostró, de mínima, el desinterés de la institución por la víctima y la situación de violencia de género.

Pero no fue el único: todo concluyó con un acto administrativo en el que las autoridades del Ejército Argentino dispusieron su baja de la institución.

La investigación judicial del caso estuvo en manos de la Justicia Federal de Tucumán, cuya primera instancia concluyó con la firma de un requerimiento de elevación a juicio contra Bulacio. El proceso quedó en manos del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa provincia, cuya sentencia tuvo un doble señalamiento de responsabilidades.

Por un lado apuntó al victimario, el teniente coronel Bulacio, a quien lo responsabilizó del delito de abuso sexual simple y lo condenó a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por el mismo término, y le impuso el pago de $2 millones en concepto de reparación del "daño material y moral causado a la víctima", de acuerdo a lo consignado por la resolución a la que accedió Perfil.

Pero además de apuntar al autor del abuso, la Justicia también puso la mira respecto del accionar de la institución militar. Ocurre que ante una denuncia de abuso sexual de un superior jerárquico hacia una soldado voluntaria ocurrido dentro del ámbito castrense, el Ejército no sólo decidió hacer oídos sordos sino que también revictimizó a F.J.P. por medio de su baja. Con Bulacio nada pasó.

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