Un juez ordenó frenar de inmediato los desbordes cloacales

Fernando Isla es el juez de Caleta Olivia que propuso una medida cautelar contra el estado provincial para que se efectúen de inmediato las tareas necesarias para el óptimo funcionamiento de cloacas y frenar los desbordes que se constituyen en un peligro para la salud de la población.

En Caleta Olivia su empresa a cargos de los servicios públicos está en el ojo de la tormenta por un amparo medioambiental presentado por el abogado Amadeo Figueroa contra el Estado provincial de Santa Cruz. La medida se plantea como la exigencia del mantenimiento de las redes corresponde exclusivamente a Servicios Públicos Sociedad del Estado.

Tal como hizo Marinkovic en Río Gallegos, el juez Fernando Isla que tomó conocimiento de la presentación de Amadeo Figueroa, acompañó el reclamo de un plan de contingencia a la empresa.

Isla, hizo lugar a la medida cautelar ordenando a la empresa de Servicios Públicos la "adopción" de las medidas necesarias para "hacer cesar de inmediato" el vertimiento de líquidos cloacales sin tratamiento, es decir, crudos, en la vía pública.

A través de una misiva, el juez pidió que la empresa también opere sobre las pérdidas de aguas servidas en los distintos puntos de la localidad caletense, debiendo además presentar en el plazo de cinco días hábiles y con carácter urgente, "un plan de contingencias para subsanar e impedir los vertimientos de residuos cloacales".

Según advierte Voces y Apuntes, desde la semana pasada la Fundación Cadace decidió ir a la justicia por los innumerables focos de derrame que permanece desde marzo en la vía pública caletense. Sin embargo lo hicieron fuera del fuero penal.

En este caso, el amparo medioambiental tiene consecuencias en términos prácticos, pero además inmediatas, tal como sucedió el año pasado en Río Gallegos, cuando el paro municipal colaboró al colapso de las bombas de la red pluviocloacal. Por entonces ese amparo era impulsado por profesionales de la UNPSA y con el patrocinio de Javier Stoessel, tomó carácter colectivo por decisión de Francisco Marinkovic, quien además atacó las quemas de cubiertas y de basura en el vaciadero, ordenando medidas que aún permanecen vigentes.

Al igual que aquí en 2015, el amparo ambiental caletense, bajo el expediente 35655/16, tiene como demandados al Poder Ejecutivo, la Subsecretaría de Medio Ambiente, el Poder Legislativo y a SPSE.

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