"Un reflejo del capítulo más negro de nuestra historia" dijo Carreras

Una escalada de repudios se generó inmediatamente después que el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi y la interventora en la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, revelaran que durante la presidencia de Mauricio Macri el organismo que estuvo a cargo Gustavo Arribas espió los whatsApp, mails y conversaciones telefónicas de familiares de los submarinistas del ARA San Juan.

Caamaño ya presentó una denuncia ante la Fiscalía N”2 de Mar del Plata y desde ámbito se solicitó aporte de documentación a la abogada Valeria Carreras, una de las querellantes en la causa que se ventiló en el Juzgado Federal de Caleta Olivia para investigar responsabilidades penales por la tragedia naval.

A Carreras y a otra abogada con la que conformó una querella unificada (Lorena Arias) les llamaba la atención que varios integrantes de la Armada que fueron citados a declaración testimonial parecieran haber sabido de antemano que preguntas se les harían audiencias.

En consecuencia, ahora surgen evidencias que Gustavo Arribas tenía información precisa captada de manera ilegal que llegaba a oídos del ministro del exministro de Defensa, Oscar Aguad y del expresidente Mauricio Macri (a los que sugestivamente la jueza Marta Yáñez no les imputó ningún delito) y luego se transfería a los ámbitos de la Armada.

“Para mí este accionar representa un reflejo del capítulo más negro de la historia argentina”, dijo Carreras al ser contactada telefónicamente por El Patagónico, en clara referencia a los tiempos de la última dictadura militar, cuando miles de personas fueron perseguidas y muchas de ellas asesinadas sin que hubiera justicia, recordando además que justamente “el brazo de inteligencia más feroz del proceso militar fue el de la Armada con una fuerte base de operaciones en Mar del Plata”.

AGUAD SE HIZO EL SOPRENDIDO

También recordó que durante una audiencia pública que en mes de abril de 2018 convocara la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación (encargada de investigar responsabilidades institucionales por a tragedia naval), concurrió Oscar Aguad.

Contó que en esa ocasión la viuda de uno de los submarinistas muertos manifestó que de su teléfono celular desaparecieron mensajes que ella ya había leído y otros figuraban tildados sin que los hubiera abierto, como le ocurría a otros familiares y por ello sospechaban que eran espiadas.

“El entonces ministro dijo que ello era un delito grave, pero luego pasaron los días y nadie se ocupó se investigar el caso, pero ahora muchas de esa personas me llaman para decirme que tenían razón en sus sospechas”, añadió.

Por ello, resaltó “es un alivio de saber de manera oficial que estuvimos y siendo espiadas y fotografiadas (en manifestaciones), lo cual nos da la esperanza que todo el resto del trabajo que se hizo para definir a los responsables de la tragedia que costó a vida a 44 submarinistas va dar sus frutos y llegaremos”

En ese mismo contexto precisó luego de aquella audiencia en la Bicameral procuró probar el espionaje y puso a disposición de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) dos teléfonos celulares de familiares de los marinos a los que representa y en una de las líneas los peritos informáticos detectaron “intromisión de un aparato externo”.

“Con ello y con las capturas de las pantallas de los correos electrónicos que reportaban intentos de ingreso, presenté una denuncia ante los tribunales de Comodoro Pi, lo cual recayó ante el juez Daniel Rafecas el fiscal Gerardo Pollicita”.

“Como primera medida, el fiscal sugirió peritar los teléfonos celulares de todas las viudas y madres de los submarinistas que representamos, tarea que llevaría a menos treinta días. Todas dijeron que no –reveló- porque tenían mucho miedo de perder audios, mensajes de voz, videos y fotos. Era lo único que las vinculaba de sus seres queridos y por ello la causa se archivó”.

“Sin embargo en junio de ese mismo año, cuando la doctora Lorena Arias estaba en una audiencia en el Juzgado Federal de Caleta Olivia, se dio cuenta que los testigos citados (de la Armada) parecían que conocían anticipadamente que preguntas le haría ella”.

“Por eso –añadió- presentamos una denuncia ante Lucas Colla, fiscal federal de Caleta y si bien esa causa (paralela) está abierta no avanzó en nada y lo único que sabemos es que se pidió informes a la empresas de telefonía”.

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