La medida tiene como objetivo resguardar los bienes del Estado, optimizar su funcionalidad y reducir gastos innecesarios.
Quedarán exceptuados únicamente aquellos móviles afectados a servicios esenciales, como salud, seguridad, defensa civil, obras públicas, inspecciones o guardias técnicas, siempre que cuenten con la debida autorización.
Desde el Gobierno Provincial se destacó que esta decisión responde a la necesidad de garantizar un uso responsable y eficiente del parque automotor estatal.
En ese sentido, recordaron que muchas de las camionetas adquiridas recientemente fueron asignadas para fortalecer áreas operativas, por lo que su correcta utilización y conservación es una prioridad.
El decreto también establece que el uso indebido de vehículos oficiales será considerado una falta grave, y podrá derivar en sanciones administrativas, civiles o penales.
Esta decisión se enmarca en un proceso de ordenamiento y eficiencia. Con la incorporación de nuevos vehículos oficiales, el Estado Provincial deja de alquilar unidades a empresas privadas, una práctica que durante años representó un gasto innecesario. Ahora, los recursos son propios, lo que implica un ahorro significativo y garantiza un mayor control sobre el uso de los bienes públicos.
Fuente: Gobierno de Santa Cruz