Vidal pidió renuncias en SPSE por sospechas de robo de agua potable

El gobernador Claudio Vidal descubrió una serie de irregularidades en la empresa Servicios Públicos Sociedad de Estado focalizadas en Caleta Olivia, por lo cual solicito varios pedidos de renuncia a quienes ocupan altos cargos.

Tiene firmes sospecha que desde hace tiempo existía en ese ámbito una organización dedicada a robar agua potable para venderla en forma privada a través de camines cisternas, afectando a la población de Caleta Olivia.

El mandatario provincial ya había anticipado el viernes que adoptaría medidas y el domingo se reunió en el edificio municipal con la conducción completa de la gerencia local de SPSE,

representantes sindicales de los trabajadores agrupados en el Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias; el jefe de la regional de Policía y el intendente local, Pablo Carrizo.

El informe dado a conocer a través del área de comunicaciones del gobierno provincial precisa que esos supuestos sabotajes tendrían por objeto “robar” el agua potable que se distribuye entre los vecinos residenciales, para cargarla en camiones y venderla en forma particular.

Esa operatoria tendría varios años de antigüedad y el mandatario santacruceño piensa caer con todo el peso de la ley.

A tal efecto, ordenó al jefe de Policía de la regional, control total y custodia de las llaves y válvulas de los acueductos, por encima de los trabajadores de la empresa.

Además, ordenó un exhaustivo trabajo técnico, soluciones urgentes relacionadas al suministro del agua, un estudio de las principales inversiones para mejorar el servicio y todo lo que hay que hacer respecto de reestructuraciones para coordinar que los trabajos se hagan correctamente.

Del encuentro participó el Presidente de Servicios Públicos, Jorge Avendaño, el Gerente General de Explotación, Miguel Arroyo, la Subgerente de Mantenimiento, Marcela Quiroga, el Gerente General de Administración, Pablo Gordillo Regada, y el Gerente de Distrito Caleta Olivia, Alejandro Mamaní. Junto a ellos, los representantes sindicales y autoridades del Ministerio de Seguridad y de la Policía.

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