Iván Eladio Torres Millacura tenía 26 años y vivía en el pasaje Cruce de los Andes, en la zona céntrica de la ciudad. Fue visto por última vez la noche del 2 de octubre de 2003 en la Plaza Soberanía, a una cuadra de la Seccional Primera, cuando testigos vieron que policías lo subieron a un patrullero.
Desde el inicio de la investigación judicial hubo serias irregularidades y seis testigos claves fueron asesinados en circunstancias poco claras y que nunca fueron esclarecidas por las autoridades judiciales.
A 20 años de la desaparición en democracia de Iván, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación emitió un comunicado en el que acompaña a su familia “en el reclamo por su búsqueda efectiva, e impulsa acciones y políticas para mejorar las herramientas institucionales sobre desapariciones en democracia”.
EN LA CORTE INTERNACIONAL
El 26 de noviembre de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación al derecho a la vida, a la integridad personal, y a la libertad personal en perjuicio de Iván.
En aquella oportunidad, la CIDH ordenó continuar con su búsqueda efectiva, y posteriormente, en una resolución de julio de 2020, llamó al Estado Argentino a diseñar un plan integral de búsqueda que tome en cuenta todas las hipótesis razonables sobre su desaparición.
En 2016 y 2021, cuatro policías de la Provincia de Chubut fueron condenados por el delito de desaparición forzada de personas. Los dos principales fallos fueron contra el ex comisario de la Seccional Primera, Fabio Alcides Tillería que recibió 15 años de prisión, y el ex oficial Marcelo Miguel Alberto Chemín, 12 años, ambos como partícipes necesarios de la desaparición forzada.
Para la CIDH está pendiente un tercer juicio oral contra otros efectivos de esa fuerza. Ante ello, “la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con el acuerdo de la familia Torres Millacura, relevó exhaustivamente todos los expedientes judiciales vinculados al caso y elaboró un informe crítico sobre el proceso de búsqueda del joven, que da cuenta de todas las hipótesis que se trazaron a lo largo de la investigación judicial sobre su posible destino y las medidas de búsqueda que se adoptaron en consecuencia”.
El informe, que recomienda diversas líneas de acción y medidas específicas para impulsar su búsqueda, fue presentado el 18 mayo de 2023 a la familia Torres Millacura, a su representación nacional e internacional, a la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, quien interviene en el trámite del hábeas corpus abierto en el caso y a la Corte IDH.
FALTA DE RESPUESTAS SATISFACTORIAS
El comunicado reconoce que “este caso evidencia la grave problemática que constituye la falta de respuestas estatales satisfactorias en materia de búsqueda de personas e identificación de personas con identidad desconocida en democracia, un fenómeno complejo que responde a causas, violencias y criminalidades distintas de aquellas que atraviesan a las desapariciones vinculadas al Terrorismo de Estado”.
Por ello, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, “tras consultar con distintos actores estatales y de la sociedad civil especializados, trabajó junto al Ministerio de Seguridad de la Nación en un proyecto de Ley Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que fue presentado al Congreso Nacional por el Presidente de la Nación, el 28 de septiembre de 2023”.
El proyecto prevé la creación de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Personas con Identidad Desconocida, que tendrá como función principal la sistematización de información de todas las jurisdicciones del país; una Base Nacional de Datos Genéticos de Personas Desaparecidas y Personas con Identidad Desconocida; y medidas institucionales para garantizar una búsqueda inmediata, efectiva, sin dilaciones y con adecuada y permanente retroalimentación con la investigación en sede penal, en línea con los estándares internacionales en la materia.