A las cuatro empresas se las controlará un año y medio

Las empresas involucradas en casos de corrupción en Chubut serán controladas durante un año y medio, aclaró el fiscal Marcos Nápoli, quien junto a Héctor Iturrioz investiga la causa "Revelación", que estallara el 22 de mayo y por la cual fueran detenidos –entre otros– los exfuncionarios Gonzalo Carpintero y Víctor Cisterna y los empresarios Esteban Torraca y Federico Piccione.

Los cuatro empresarios que el jueves fueron beneficiados con la probation, Esteban Torraca, Patricio Musante, Oscar Peña y Juan Salaberry, “se someten a prueba y durante un año y medio donde habrá control sobre las empresas, contabilidad de las mismas y el tipo de relación que tienen con el Estado”.

Luego de que se conociera la decisión del juez Sergio Piñeda respecto a la aceptación de probation a los empresarios vinculados a la causa Revelación, el fiscal Marcos Nápoli resaltó en ADNSur que los mismos “no quedan desvinculados del proceso”, dado que deben cumplir con todas las pautas de conducta y se ejercerá control sobre las empresas.

“Hay una cuestión a aclarar porque vi en varias publicaciones diciendo que los empresarios se desvinculan del caso y no es así. Se someten a prueba y durante un año y medio habrá control sobre las empresas, contabilidad de las mismas, el tipo de relación con el Estado, por lo que mal puede decirse que estarán desvinculados”, afirmó.

Aclaró luego que “si incumplen algunas de las pautas de conducta, automáticamente se reabre el proceso. La suspensión del juicio a prueba es una herramienta que usamos cuando corresponde”.

Además, planteó que al acceder a la probation “evitan ir a juicio oral y ahí sí terminaría en un año y medio el proceso para ellos si cumplen con todas las pautas de conducta que se establecieron, pero no quedan desvinculados del proceso”.

Se los vinculó como imputados que se han sometido a las pruebas del Estado durante un año y medio y con el cumplimiento de la conducta de pautas conductivas. “Si lo incumplen y el proceso se abre, no tendrían derecho a la pena condicional”, remarcó.

Consultado sobre el resto de los empresarios imputados, Nápoli indicó que en el caso de “los que estén en la misma condición procesal y en la empresa tuvieron el mismo nivel de actividad, vamos a acceder a que sea el camino. Hay 30 personas imputadas y pretendemos afinar la estrategia del caso para llegar al juicio oral con las personas más perniciosas del sistema, como son los políticos, y tener con ellos un juicio fructífero”.

CENTRO DE CONTENCION

Por otra parte, el abogado de los empresarios Patricio Musante y Federico Piccione, Federico Ruffa, se refirió a la suspensión de juicio a prueba a la que accedieron los cuatro empresarios arriba citados, imputados en la causa “Revelación”.

Ruffa dijo que Musante -referente de la Cámara Argentina de la Construcción y expresidente de Vialidad Provincial- hará un “Centro de Acción Familiar, organismo que sirve para contener a chicos y familias de escasos recursos”.

Sobre la resolución del juez Piñeda, indicó que “la recibimos con satisfacción y entendemos que era lo que correspondía de acuerdo a lo que establecen las normas. Estaba dentro de nuestras expectativas porque es lo que se venía conversando con el Ministerio Público Fiscal”.

“Se trata de una solución que va a dejar algo positivo en la comunidad que es más importante que esa pretensión de canalizar cierta revancha a través de la justicia penal. La recibimos con satisfacción, pero estaba dentro de los márgenes que esperábamos”, indicó.

Además, Ruffa detalló que su defendido hará “el Centro de Acción Familiar, que es un organismo en Gaiman que sirve para contener a chicos y familias de escasos recursos”.

Detalló que “hoy tienen instalaciones muy precarias y bastante dañadas. Primero se ofreció un SUM, luego se amplió al tope de posibilidades técnicas y se agregaron elementos como completar un baño y cocina, sumado a arreglar la parte exterior porque no tiene medianera, portón de acceso ni vereda”.

Ruffa destacó que “el monto de la obra asciende a más de 3 millones de pesos y el plazo previsto de obra será de seis meses. Tanto nosotros, como en otras defensas, hay una confusión sobre qué es lo que se busca con la probation y segundo qué es lo que se está juzgando. En el caso de Musante es un supuesto pago de una dádiva en el marco de un cohecho por 200 mil pesos. La fiscalía tiene elementos y es sobre eso en lo que se trabaja y sobre eso es lo que hay que calcular el daño, no sobre las posibilidades económicas que es un criterio a tener en cuenta”.

Además, remarcó que “el fin de este instituto (probation) no es la reparación, que sería imposible porque hablamos de una afectación de un bien jurídico; en ese marco, el ofrecimiento tiene que ver con el hecho imputado y la finalidad del instituto que es buscar una reparación que trate de evitar la utilización del sistema penal”.

Dado que el empresario Federico Piccione accedió a la prisión domiciliaria, Ruffa indicó que las “posibilidades técnicas es sobre lo que vamos a trabajar y empezar a conversar con el Ministerio Público Fiscal”.

Consultado sobre la posibilidad de aportar más información por parte de Piccione, remarcó que “no lo vamos a descartar. Ahora, desde esta posición y habiendo logrado el cese de la prisión preventiva, estamos analizando la posibilidad de hacer una declaración para explicar algunas situaciones”.

Fuente:

Notas Relacionadas

Dejá tu comentario


Las Más Leídas del Patagónico