A Pablo Korn le podrían abrir otra causa por corrupción

El extitular de Servicios Públicos de la Provincia y el empresario de Trelew ya fueron imputados en una causa por la compra de materiales por la emergencia climática de Comodoro Rivadavia. Ahora los fiscales pidieron que les abran otra causa por una contratación directa para comprar elementos para reparar tableros eléctricos para la obra de rehabilitación del sistema cloacal en Puerto Pirámides.

Dos discales que integran la Unidad Anticorrupción que depende del Procurador General, Jorge Miquelarena, pidieron abrir otra investigación contra Pablo Korn y Rubén Darío D´Amico.

Ambos sujetos ya afrontan una apertura de investigación por el presunto delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la modalidad de delito continuado en calidad de autor”, sobre el primero, y de partícipe necesario sobre el comerciante, según lo dispuso en julio último el juez de garantías Marcelo Orlando.

Los fiscales Daniel Báez y Jorge Bugueño impulsan la nueva causa y remitieron el pedido de apertura de investigación. Ambos funcionarios de la Unidad Anticorrupción recibieron una denuncia que impulsó el concejal de Puerto Pirámides, Fabián Gandón.

La nueva imputación pedida, también por operaciones incompatibles con la función pública, refiere –al igual que la acusación de los fiscales de la causa “El Embrujo”, Alex Williams y Omar Rodríguez-, que Korn ignoró a la firma Electromecánica Sur SA, que había presupuestado la reparación y la provisión de materiales para las reparaciones requeridas en Puerto Pirámides, «y en función del cargo que ocupaba y aprovechándose del mismo, y con la clara intención de beneficiar económicamente a su amigo Darío D´Amico, direccionó la contratación directa de los materiales eléctricos en favor de éste», que integra la firma Muebleluz SA de Trelew.

Los elementos adquiridos en agosto de 2017, mediante la objetada contratación directa, eran para reparar y adquirir tableros eléctricos para las estaciones de bombeo 1, 2 y 3 de Puerto Pirámides.

La denuncia del concejal Gandón también puso en duda la actuación del intendente de Puerto Pirámides, Javier Roldán.

CONDE PIDIO SER QUERELLANTE

Por otra parte, el diputado provincial de la Alianza Cambiemos, Eduardo Conde, pidió ayer ser incluido como querellante en la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal en Trelew, cuestión que deberá ser resuelta en una audiencia. Conde cuestiona la postura de Fiscalía que propone la suspensión del juicio a prueba a los empresarios acusados por el presunto pago de coimas a funcionarios. Los que ya hicieron un acuerdo con los empresarios fueron Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz, quienes a partir de ello debieron salir a dar explicaciones mediáticas durante casi toda la semana pasada.

Es que no cayó nada bien en la sociedad el hecho de que para recuperar su libertad los imputados Patricio Musante, Juan Salaberry y Esteban Torraca se comprometieran a levantar un muro en una prisión, construir un salón en una escuela y refaccionar una comisaría (en el caso del comodorense se ocuparía de la de Mosconi).

Conde mantuvo un encuentro con las partes querellantes y los fiscales de la causa “Revelación” donde hizo expreso su decisión de ser querellante.

“A mí entender sería un escándalo la suspensión del juicio a los empresarios, no solo desde el punto político institucional sino también jurídico. Me presento como damnificado invocando la norma 103 del Código Procesal Penal que tiene fundamento en el artículo 57 de la Constitución Provincial, respecto a la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda concurrir al proceso en representación a los llamados intereses colectivos. En mi caso dan cuenta en la situación vinculada al perjuicio del erario público que estas conductas antisociales han provocado en la ciudadanía”, comentó el legislador quien aclaró que la iniciativa es personal, dejando al margen así a sus compañeros de bancada: Jacqueline Caminoa y Manuel Iván Pagliaroni.

Respecto de la propuesta de los empresarios de pagar con obras comunitarias el presunto delito, Conde indicó que “no hay ninguna reparación económica que pueda saldar el daño moral que la corrupción le ha causado a la provincia y a la política. En consecuencia, no creo que haya ningún argumento que pueda sortear la valla infranqueable de que debemos llegar a una sentencia condenatoria porque la sociedad necesita sanar los males perversos de la corrupción. En lo personal, no es factible el camino de la reparación como una alternativa de solución”.

“Les expliqué a los fiscales que mi posición tiene que ver con una cuestión de principios. Más allá de las dificultades del proceso judicial, de las dificultades vinculadas a la falta de recursos económicos y humanos, esta causa tiene una significación político institucional enorme. Es una primera señal de reivindicación del Poder Judicial con la ciudadanía”, explicó.

Por ello considera que “no hay ningún argumento para posibilitar eximir de responsabilidad penal a nadie. Todos deben ser sometidos al juicio oral y público para que, con la ciudadanía de testigo, arribemos a una sentencia condenatoria que finalmente nos permita pensar en una nueva realidad en la política del Chubut”.

Si bien los fiscales respetaron su postura, entienden que el camino de la probation ya está en curso y en la audiencia de mañana avanzarán con esta definición. No obstante, el juez deberá resolver si acepta o no al diputado como querellante.

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