El juicio oral y público por el homicidio de Eduardo Funes concluyó ayer con veredicto absolutorio para los dos acusados: Sebastián César Bahamonde (28) y Juan Julio Serrano (26). Los dos fueron asistidos por las defensoras públicas, Lilián Bórquez y María Cristina Sadino, mientras que la parte acusadora fue representada por la fiscal general Cecilia Codina.
A ese resultado se llegó por mayoría, con la disidencia de la juez Mariel Suárez, mientras que por el delito de abuso de arma de fuego la decisión fue por unanimidad y a ella se sumaron el presidente del tribunal, Martín Cosmaro y la jueza Raquel Tassello.
En consecuencia y a pedido de las defensoras, Bahamonde recuperó la libertad desde los estrados judiciales ya que no existe ninguna otra causa en su contra que lo obligue a continuar en prisión. En tanto, Serrano continuará cumpliendo la condena que se le impuso en un juicio abreviado por un encubrimiento y un robo. En esa ocasión recibió una pena de 8 meses y se unificó con una condena anterior, fijándose el cómputo de pena en 2 años, 1 mes y 28 días.
Hay que recordar que al momento del homicidio, el 16 de julio del año pasado, Serrano debía estar cumpliendo la condena mencionada, tal como lo informó oportunamente El Patagónico. Lo concreto es que comenzó a cumplirla a partir de entonces por lo tanto a la fecha ya tiene cumplido en requisito temporal para acceder a las salidas transitorias.
CON ALEVOSIA Y PREMEDITADO
El homicidio de Eduardo Funes (29) ocurrió durante los primeros minutos del 16 de julio del año pasado y fue un joven quien lo encontró tirado en la calle, tras lo cual le dio aviso a la policía de la Seccional Séptima. El cuerpo estaba desangrado en un pasaje sin nombre que está en inmediaciones de la avenida Pieragnoli y Los Ciruelos, en el barrio Máximo Abásolo.
Por sus características, el caso fue calificado como homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas. Ello, en los términos del artículo 80, incisos 2 y 6 del Código Penal. En él, se fija una pena de prisión perpetua y por el hecho la fisca general, Cecilia Codina acusó a Bahamonde y Serrano como coautores.
La víctima tenía 60 cortes con arma blanca, 20 de los cuales fueron aplicados en la cara y los 40 restantes en el tórax. Así lo determinó la autopsia que se le realizó a instancias del titular de la acción penal.
- 21 septiembre 2017