Amnistía Internacional Argentina manifestó su preocupación por el decreto 383/2025, mediante el cual el Gobierno redefinió las funciones y facultades de la Policía Federal Argentina (PFA) sin intervención del Congreso. La norma deroga el anterior estatuto de la fuerza y le otorga atribuciones extraordinarias en tareas de investigación y prevención.
Según el comunicado, este cambio se produce en el contexto de un ajuste generalizado del gasto público, que redujo partidas en áreas como salud, educación y jubilaciones, mientras que el presupuesto de seguridad se incrementó un 12% durante 2024.
Entre los aspectos más cuestionados por la organización se encuentra la habilitación del ciberpatrullaje. Esta práctica permitirá a la PFA realizar tareas de prevención del delito en redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes digitales sin orden judicial, lo que —según Amnistía— podría derivar en vigilancia masiva, perfilamiento discriminatorio y afectación de derechos fundamentales como la privacidad, la igualdad y la libertad de expresión.
Asimismo, el decreto autoriza a la fuerza a realizar detenciones por hasta 10 horas sin intervención judicial, en casos donde existan “circunstancias debidamente fundadas” que hagan presumir que una persona cometió o podría cometer un delito y no acredite su identidad de manera fehaciente.
En el mismo sentido, se ampliaron los supuestos para llevar adelante requisas sin orden judicial, entre ellos cuando un agente presuma que se ocultan elementos vinculados a un delito, ante el peligro de desaparición de pruebas o en el marco de operativos de prevención en espacios públicos.
Amnistía Internacional subrayó que el mantenimiento del orden y la seguridad no debe contraponerse al respeto de los derechos humanos, sino que debe ser una condición esencial de todo Estado de Derecho. Por ello, reclamó que cualquier reforma en materia de seguridad se discuta en el Congreso de la Nación mediante un debate amplio que incluya a especialistas, organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil.