Aprueban creación de licencia especial por situaciones de violencia de género

En sesión ordinaria celebrada ayer, la Legislatura de Santa Cruz sancionó por unanimidad una Ley que crea una licencia especial para trabajadoras estatales que sufran situaciones de violencia de género. Se unificaron dos proyectos que habían sido presentados el año pasado.

Caleta Olivia (agencia)

La normativa está dirigida a mujeres que se desempeñan laboralmente en los tres Poderes del Estado, ante situaciones de violencia de género “que afecten su dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal”.

Los proyectos fueron elevados en 2018 por los diputados Javier Flores (PJ-FPV) y Gabriela Peralta (PJ), en el marco de reuniones celebradas en la Comisión de Perspectiva de Género que contaron con aportes de la denominada Mesa de Armonización para la prevención y protección de los derechos de las mujeres, la cual está integrada por referentes de los ámbitos Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

En su faz medular, la Ley hace referencia a aquellas situaciones que sean “perpetradas desde el Estado, o por sus agentes” y considera como violencia “a toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón”.

El informe dado a conocer por la oficina de prensa de la Legislatura, precisa además que el otorgamiento de la licencia será responsabilidad de la autoridad administrativa competente, la cual “deberá decidir con perspectiva de género, fundándose en las normativas, recomendaciones y disposiciones vinculadas a la temática”.

Respecto del goce de haberes, se estableció que “el uso de esta licencia especial no afectará la remuneración que corresponda abonar a la trabajadora, ni eliminará ni compensará aquellas otras licencias a las que tenga derecho a usufructuar según la legislación vigente”.

PROCEDIMIENTOS

Por otro lado, quedó de manifiesto que la Ley sancionada establece que para obtener la licencia “no se requerirá registrar un mínimo de antigüedad en el lugar de trabajo y sus plazos serán computables a los efectos jubilatorios y del cómputo por antigüedad en el empleo”.

Además, la misma será otorgada a una trabajadora o una tercera persona “con la mera invocación y comunicación por cualquier medio a su alcance”, debiendo presentarse certificados que respalden un caso de violencia de género.

Respecto de los plazos, se establece que la licencia se otorgará por 30 días continuos o discontinuos, siendo prorrogable a pedido de la trabajadora.

También se contempla que la autoridad administrativa competente podrá evaluar “la necesidad de disponer medidas y acciones para el acompañamiento, seguimiento, información, denuncia y abordaje integral a través de los organismos competentes”.

Finalmente, en relación a la reserva y confidencialidad, la Ley establece que “las autoridades y quienes intervengan durante todo el procedimiento deben guardar deber de confidencialidad y mantener la reserva de las actuaciones” y, en caso de incumplimiento de estas pautas, “se instruirá, de oficio, sumario administrativo conforme las reglamentaciones de cada sector”.

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