Causa El Embrujo: el contador Gatica continuará detenido en una comisaría

Después de que en una audiencia celebrada el miércoles le rechazaran el pedido de arresto domiciliario o la posibilidad de colocarle una tobillera electrónica que efectuó a través de su abogado defensor, en una revisión desarrollada volvieron a denegar ese planteo.

En dos audiencias de revisión, al contador Federico Gatica le rechazaron la posibilidad de acceder al arresto domiciliario. Se trata de uno de los primeros detenidos en la causa llamada “El Embrujo” que llevan adelante los fiscales Omar Rodriguez y Alex Williams. En esa causa se investiga la conformación de una presunta asociación ilícita para defraudar al Estado chubutense, que estaría liderada por el exfuncionario provincial Diego Correa.

En una primera revisión, el juez de la causa, Sergio Piñeda, no encontró que se haya producido ningún hecho nuevo durante la investigación que permita aliviar las condiciones de detención del contador Gatica. Así lo resolvió en una audiencia que se desarrolló el miércoles en la Oficina Judicial de Rawson.

El defensor Javier Romero insistió y pidió la realización de otra audiencia de “revisión de la medida de coerción”. El tribunal para este caso debió ser integrado por dos jueces, Mirta Moreno y César Zaratiegui.

Romero argumentó que con la colocación de una tobillera electrónica, Gatica estaba imposibilitado de intentar cualquier fuga. Y que además ya no podía entorpecer la investigación porque a su criterio los fiscales ya recabaron toda la información necesaria, a tal punto que se encuentran en la etapa del procesamiento de la misma.

Los fiscales Rodriguez y Williams argumentaron que Romero planteó mal su cuestionamiento, al criticar el pedido de los fiscales (prisión por riesgo de fuga y entorpecimiento) pero no la resolución de Piñeda a la que consideraron sin fisuras. Esto fue tenido muy en cuenta por los jueces Moreno y Zaratiegui que convalidaron la continuidad de la prisión preventiva de Gatica. Se le imputa el delito de ser integrante de una asociación ilícita en perjuicio de la administración pública en carácter de partícipe necesario.

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