Causa Revelación: imputan a otros seis empresarios

El juez Piñeda aceptó ampliar la investigación e imputar a seis empresarios de la construcción en la causa en la que se busca establecer la presunta existencia de negociados que habrían llevado adelante exfuncionarios del Estado, entre ellos los ministros Alejandro Pagani, Pablo Oca y Martín Bortagaray, además del titular de la Unidad Gobernador, Diego Correa. De acuerdo a las situaciones revisadas ayer, los mencionados habrían obtenido ingresos por 2,6 millones de pesos. Los fiscales entienden que se podrían recuperar hasta 50 millones de pesos defraudados al Estado.

El juez de garantías de Rawson, Sergio Piñeda, dio el visto bueno para ampliar la investigación y sumar nuevos empresarios como imputados a la causa “Revelación”. En la misma se investigan supuestos negociados de altos funcionarios provinciales durante la última gestión dasnevista, con empresarios de la construcción de Esquel, Comodoro Rivadavia y el Valle.

A los imputados Alejandro Pagani, Pablo Oca, Martín Bortagaray y Diego Correa, se sumaron ayer los empresarios Pablo Menedin, Fernando Cordón, Martín Castillo, Osvaldo Bergareche, Carlos Di Benedetto y Juan Carlos Bosi. Este último no se hizo presente en la audiencia por demoras en ser notificado por parte de los operadores judiciales de Comodoro Rivadavia.

“DADIVAS O RETORNOS”

El Ministerio Público Fiscal, representado en la audiencia por el fiscal general Marcos Nápoli y por el funcionario de fiscalía Gustavo Núñez, dio a conocer las imputaciones en las que se encuentran involucrados los seis empresarios, a los que se les abrió la investigación con el objetivo de ejercer debidamente el derecho a la defensa.

En todos casos se trata de obras públicas como la ejecución de barrios de viviendas, ampliación y refacción de escuelas, centros comunitarios y ampliación de muelles, entre otras obras públicas que contrataban el Instituto Provincial de la Vivienda o el Ministerio de Infraestructura.

Las presuntas maniobras que ahora se comenzarán a investigar están relacionadas con el atraso en el pago a las empresas por la ejecución de obras y las “dádivas” o “retornos” que los empresarios habrían pagado para poder cobrar lo que se les adeudaba.

En total, por la ejecución de obras el Estado llegó a adeudar unos 194 millones de pesos y los empresarios habrían pagado en retorno o “dádivas” –así lo expresaron los fiscales- más de 2,6 millones de pesos en dinero en efectivo, recaudación a cargo de lo cual estaba Diego Correa, según la imputación.

De acuerdo a la descripción de los fiscales, una vez pagado el dinero, desde la Unidad Gobernador se ordenaba al Ministerio de Economía, a cargo de Oca, que se liberaran los pagos de las deudas por las obras ejecutadas o en ejecución.

Dos de los defensores (Abdo Manyauik y Oscar Romero) cuestionaron la descripción de los hechos que realizaron los fiscales por no estar “debidamente circunstanciados”, pero el juez Piñeda le dio la razón al Ministerio Público Fiscal. Destacó que precisamente esas “circunstancias” deberán ser probadas durante el proceso a instancias de las pruebas que presenten las partes.

Correa está imputado de “cohecho pasivo” en carácter de autor, y el resto de los funcionarios de “cohecho activo” como partícipes primarios en perjuicio de la administración pública provincial. El plazo de la investigación vence el 22 de marzo de 2019.

MAS DE 50 MILLONES

En declaraciones periodísticas, el fiscal Nápoli se mostró confiado en poder demostrar, como en los otros casos investigados, el entramado de corrupción y en conseguir que los empresarios acepten su responsabilidad y convengan, en futuras audiencias, realizar obras públicas para evitar la pena judicial.

“Es un mecanismo que ya funcionó con otros empresarios y que, realmente, nos parece importante porque haciendo cálculos rápidos creemos que se pueden recuperar más de 50 millones de pesos en obras que volverán a la comunidad”, argumentó.

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