Chequeras en blanco firmadas por Mario Das Neves

Los integrantes de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública en Chubut dieron ayer por la tarde con tres chequeras en blanco que habrían sido firmadas por el fallecido gobernador Mario Das Neves y expedientes originales por trámites de pago que son motivo de una investigación por corrupción que ya cuenta con seis detenidos.

El hallazgo se produjo en el marco de un allanamiento que se realizó en una vivienda alquilada por el estado en Playa Unión adjudicada al exsubsecretario de la Unidad Gobernador, Diego Correa, detenido por “asociación ilícita”.

En esa vivienda fueron encontrados además equipamiento de la empresa “Sepat” como equipos de iluminación, sonido, cableado e infraestructura de eventos.

Se trata de una de las empresas utilizadas para recibir fondos públicos a través de contrataciones del estado, por lo que la evidencia física prueba que Correa era su dueño a pesar que lo negó en la audiencia de control de detención.

También se encontraron expedientes originales del gobierno del Chubut perteneciente a los trámites de pago con fondos utilizados para la emergencia económica que es motivo de una investigación por sobreprecios, lo que marca el evidente interés de ocultar información y desviar la pesquisa en marcha.

Ayer a la mañana, en tanto, los jueces César Zaratiegui y Mirta Moreno rechazaron el pedido de prisión domiciliaria para Natalia McLeod y Sandro Figueroa, dos de los seis detenidos el miércoles 7 en los allanamientos que se dispusieron dentro del operativo “Embrujo”.

Los magistrados ratificaron lo resuelto hace una semana por el juez Sergio Piñeda y desestimaron el planteo del defensor de ambos, Fabián Gabalachis, que recordó que las imputaciones en general “apuntan a Diego Correa, no a Mc Leod y Figueroa”, y aludió a que el magistrado no tuvo en cuenta que “hay dos chicos a cargo exclusivo” de la mujer del ex titular de la Unidad Gobernador.

El fiscal Alex Williams reiteró los pedidos de prisión preventiva aludiendo al peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación que tras un cuarto intermedio fue aceptado por los jueces Zaratiegui y Moreno.

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