Corrupción: Menna presentó un proyecto para proteger a los denunciantes y testigos

El legislador de Chubut lo hizo con acompañamiento de diputados nacionales de otras provincias. La iniciativa busca garantizar que cualquier funcionario o persona que denuncie de buena fe un acto de corrupción tenga protección ante represalias.

El diputado nacional de Chubut, Gustavo Menna, presentó en el Congreso un proyecto de ley para proteger a los denunciantes y testigos de actos de corrupción que garantiza la confidencialidad y la reserva de identidad, y que establece responsabilidades administrativas, civiles y penales para los funcionarios que no cumplan con las medidas de protección.

La ley propuesta establece, en su articulado, “las normas, procedimientos y mecanismos para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción susceptibles de ser investigados y sancionados penalmente, con la finalidad de proteger a los funcionarios públicos o a cualquier otra persona que, de buena fe, denuncie o preste testimonio sobre dichos actos”.

“Debemos diseñar herramientas legales efectivas que apunten a prevenir y, en su caso, esclarecer y sancionar los hechos de corrupción”, indicó Menna en los fundamentos.

El proyecto fue presentado por Menna con acompañamiento de sus pares Lorena Matzen, Roxana Reyes, Claudia Najul, Albor Cantard, Juan Martín, Sebastián Salvador, Mario Arce, Gerardo Cipollini, Brenda Austin, María Soledad Carrizo, Facundo Suárez Lastra, Miguel Bazze, Gabriela Burgos y Jorge Vara.

RECOMENDACIONES INTERNACIONALES

La iniciativa recoge las recomendaciones del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC). Además está orientado a cumplir con el artículo 36 de la Constitución Nacional que equipara a los actos de corrupción a los atentados contra la democracia. “Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”, dice el artículo.

“La corrupción provoca que recursos públicos que deberían aplicarse a la prestación de servicios públicos de calidad, infraestructura y promoción del bienestar general terminan en los bolsillos de funcionarios y empresarios que se aprovechan del esfuerzo de las personas que trabajan y aportan sus tributos al conjunto”, explicó Menna.

Por ello consideró necesario “dar la debida protección y amparo a las personas que toman la decisión de denunciar estos hechos y dar testimonio en los procesos penales, ya que sin su compromiso sería imposible esclarecer los hechos y lograr sentencias condenatorias”.

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