El Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) quedó virtualmente desmantelado tras la desvinculación de los siete profesionales médicos que sostenían su coordinación diaria. La decisión, adoptada a partir de la no renovación de contratos, implicó la pérdida del equipo técnico que garantizaba la derivación, el seguimiento y la atención oportuna de niños y niñas con patologías cardíacas complejas en todo el territorio nacional.
El PNCC funcionaba como una red federal de alta complejidad, articulando 15 centros sanitarios categorizados según su capacidad de atención. Desde allí se evaluaban miles de casos por año y se definían derivaciones urgentes, muchas de ellas determinantes para la supervivencia de pacientes que requerían intervenciones quirúrgicas en las primeras horas o días de vida.
La salida simultánea de los coordinadores provocó una fuerte reacción en la comunidad médica. Especialistas y entidades vinculadas a la salud pública advirtieron que la medida afecta directamente uno de los programas más eficientes del sistema sanitario argentino, creado en 2008 y respaldado por ley desde 2023. También señalaron que el vaciamiento contradice el espíritu de la Ley Integral de Atención del Paciente Cardiópata, aún sin reglamentar.
Desde el ámbito profesional remarcaron que el PNCC permitió reducir de manera sostenida la mortalidad infantil por cardiopatías congénitas, llevar a cero la lista de espera quirúrgica y mejorar el diagnóstico prenatal, especialmente en provincias con menor acceso a recursos de alta complejidad. Además, fue clave en la formación de equipos especializados y en la provisión de equipamiento estratégico para hospitales públicos de todo el país.
Actualmente, el programa conserva solo personal administrativo y un asesor médico, sin el equipo interdisciplinario que garantizaba su funcionamiento permanente. Para referentes del sector, esta situación implica, en los hechos, la paralización de un dispositivo que operaba las 24 horas, los 365 días del año.
Organizaciones vinculadas a la salud pública y legisladores nacionales reclamaron la reversión inmediata de la medida y advirtieron sobre las consecuencias sanitarias y legales del desmantelamiento. Coincidieron en que el impacto más grave recae sobre las familias de menores recursos y sobre las provincias que dependen de la red nacional para acceder a cirugías y tratamientos de alta complejidad.