El caso original culminó con una sentencia de ocho años de prisión, dictada tras un juicio por jurados en el que el acusado fue declarado culpable. Posteriormente, Sandoval asumió la defensa y, de acuerdo a la fiscalía, mantuvo una entrevista con la joven víctima en su estudio jurídico.
Una entrevista cuestionada
Según explicó Bottini, la víctima acudió al estudio acompañada por sus padres, pero el abogado habría quedado a solas con ella para tomarle declaración.
“Un abogado defensor no puede tener contacto con la víctima de esa manera, porque representa intereses contrapuestos”, sostuvo la fiscal, quien señaló que allí radica el presunto delito.
De acuerdo con la denuncia, durante esa reunión se habría intentado inducir a la joven a retractarse. Sin embargo, la víctima no modificó su acusación por el abuso que ya había sido juzgado, sino que amplió información sobre otro hecho.
Declaración considerada ilegal
Esa declaración fue luego utilizada por la defensa para fundamentar un recurso ante la Cámara Penal. No obstante, los jueces resolvieron que se trataba de prueba ilegal y dejaron constancia de la existencia de representación de intereses contrapuestos.
Bottini indicó que los magistrados no formularon denuncia porque ya se encontraba en trámite la presentada por ella.
Contexto de vulnerabilidad
La fiscal subrayó que la joven se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad, con un retraso madurativo acreditado por pericia psicológica, lo que implica que su edad mental no se corresponde con su edad cronológica.
Además, describió un entorno familiar complejo: el imputado es tío paterno de la víctima, el padre decidió no declarar en el juicio y la madre —que inicialmente acompañó la denuncia— posteriormente desistió de continuar la acción tras haber sufrido violencia por parte del progenitor.
“Desde la justicia no podemos hacer que la persona salga peor de lo que entró”, remarcó Bottini, y recordó que existen protocolos específicos para evitar la revictimización, que impiden incluso a fiscales entrevistar directamente a víctimas de delitos sexuales.
Investigación en marcha
La denuncia fue presentada ante la Agencia de Violencia de Género. Luego, Bottini se apartó del expediente y la investigación quedó a cargo de otra fiscal, quien ya habría formalizado la apertura de la investigación.
El delito de prevaricato contempla pena de multa. Las actuaciones también fueron comunicadas a la Procuración General y al Colegio de Abogados. La causa continúa en etapa investigativa.