Dictan conciliación obligatoria en el conflicto de la pesca

El SOMU y las cámaras del sector están enfrentadas por la intención de reducir salarios por la caída del precio internacional del langostino. Medió el asesor presidencial, Julián Leunda.

El Ministerio de Trabajo de la Nación decretó este lunes por la tarde la conciliación obligatoria en el conflicto entre uno de los principales gremios de la pesca, el SOMU, y las cámaras empresarias del sector, que incluyó cortes de rutas en Puerto Madryn y el reclamo de las empresas por unas 500 toneladas de producto a punto de pudrirse ante la imposibilidad de movilizar a las camiones desde las plantas en la ciudad del Golfo.

El conflicto se destrabó luego de que interviniera en persona el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, que este lunes mantuvo al menos tres contactos vía telefónica con el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre.

A las gestiones se sumó también el vicejefe del Gabinete de Asesores del presidente Alberto Fernández, el abogado comodorense Julián Leunda, que intercedió para definir la conciliación, citar a las partes y bajarle el tono al conflicto.

"Gracias a Claudio Moroni, titular del Ministerio de Trabajo, con quien dialogamos esta mañana, y también a Julián Leunda

por las gestiones, finalmente se dictó la conciliación obligatoria en el conflicto del SOMU. Vamos a seguir acompañando a los trabajadores y vecinos de Madryn", escribió este lunes por la tarde en su cuenta de Twitter el jefe comunal madrynense, dejando en claro que la descompresión del conflicto llegó por el interés de los funcionarios nacionales y municipales, y no de la Provincia.

Según dijo Sastre en declaraciones a Cadena Tiempo, "el gobernador Arcioni no me atendió el teléfono", en relación al poco interés que habría tenido el Gobierno provincial en intervenir para acercar posiciones.

El núcleo del conflicto es la intención de las cámaras pesqueras de imponer una rebaja salarial a los operarios del SOMU debido a una caída del precio internacional del langostino.

Las empresas ventilaron que un trabajador embarcado cobra desde el año pasado entre 400.000 y 500.000 pesos mensuales y que la propuesta era mantener esos valores. Desde el SOMU dicen otra cosa: que les quieren bajar 40% los salarios.

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