La detención en Rusia del estafador Facundo “Sapo” Ciarlo (44), mientras disfrutaba del Mundial de Fútbol, se transformó en un escándalo judicial, luego de que la jueza Marcela Pérez Bogado, de Puerto Madryn, en donde había sido condenado por una estafa, pidiera su captura internacional, ya que no tenía autorización para salir del país.
Ciarlo fue detenido mientras disfrutaba de los partidos de Argentina y de su estadía en un lujoso hotel de Moscú, y alojado en una cárcel de ese país. Sin embargo, este martes debió ser liberado ya que el “Sapo” logró demostrar que tenía una autorización de un Juzgado de la Ciudad de Buenos Aires, que le permitió salir del país y asistir al Mundial.
El juzgado de la Capital Federal revocó la resolución de la jueza madrynense y determinó que el imputado sea liberado de inmediato, ya que se constató que había pedido permiso para viajar al exterior.
Según dice ahora el juzgado porteño que intervino en el caso, Ciarlo requirió el 3 de abril último, ante la jueza de Ejecución Penal N° 2 de Capital, Vilma Bisceglia, una autorización para salir del país, la cual fue concedida. El “Sapo” gozaba de libertad condicional desde el 7 de julio de 2017.
En la nueva resolución, dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16 de la Capital Federal, se declaró incompetente en el caso al juzgado de Puerto Madryn, que había ordenado la detención del estafador, cuya pena a 3 años de prisión, obtenida en un juicio abreviado, expira el 4 de noviembre, informó el diario Clarín.
“Advierto, entonces, dos cuestiones: que la captura internacional fue realizada cuando ya esta jurisdicción resultaba incompetente, por lo que corresponde revocar la decisión adoptada por la Dra. Marcela Pérez”, indica la medida.
Y añade que la “salida del país (de Ciarlo) había sido autorizada por quien ejerce el control de la ejecución de la condena de Facundo Agustín Ciarlo, por lo que la petición del Ministerio Público Fiscal no podía prosperar”. Asimismo, establece que se disponga “la inmediata libertad” del imputado.
La polémica judicial recién comienza, ya que no son pocos los especialistas en Derecho Penal que aseguran que un Juzgado que lleve una causa con menor condena contra una persona no puede tomar este tipo de decisiones.
Es decir, el juez -o la jueza, en el caso de Chubut- que lleve la causa en la que un condenado haya recibido una pena mayor -al “Sapo” lo condenaron a tres años en suspenso- es la que debe intervenir en este tipo de autorizaciones.