Durante la audiencia de ayer la fiscal Cecilia Codina solicitó elevar la causa a debate contra César Bahamonde y Juan Serrano bajo la calificación jurídica de "homicidio agravado por haber sido cometido con ensañamiento", en calidad de coautores.
Asimismo existe un incidente relacionado, según la Fiscalía, donde los imputados dispararon contra la vivienda de una testigo. Calificó ese segundo ilícito como "abuso de armas agravado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas", en calidad de coautores para ambos imputados.
La defensa pública ejercida por Cristina Sadino, se opuso a todo cambio de calificación y a la secuencia de los hechos. "La fiscalía pone circunstancias nuevas, distintas de las que se venían defendiendo mi asistido", afirmó. Este cambio no puede ser tolerado porque afecta el debido proceso, viola garantías constitucionales", expuso.
Sadino sostuvo: "tampoco se da el ensañamiento, no se da el mayor padecimiento para la víctima, ni la crueldad, ni el suplicio", que exige la figura. De ese modo, requirió que se eleve la causa a juicio por homicidio simple.
Finalmente la juez penal resolvió admitir la acusación presentada ya que la modificación y mutación de la calificación jurídica, no implica que no se pueda realizar la defensa. Le permite a la defensa contestar con sus elementos de prueba, por lo que el hecho podrá ser controvertido en el juicio, señaló.
Según la magistrada, la calificación jurídica se ajusta más a la descripción fáctica del hecho y precisamente en la audiencia preliminar es el momento procesal donde se deben realizar si correspondiere las correcciones para que no haya sorpresas en el inicio del juicio.
Por último, se procedió al ofrecimiento de la prueba documental y testimonial de las partes como también se realizaron las convenciones probatorias correspondientes, elevando la causa a juicio oral y público.
Ambos imputados permanecen detenidos, Bahamonde con prisión preventiva y Serrano cumple condena de 2 años y 2 meses por un caso anterior en el que se mantenía prófugo hasta que fue detenido luego de protagonizar un abuso de armas contra un habitante del barrio Laprida.
EL CRIMEN
De acuerdo al relato de la Fiscalía, el 16 de julio de 2016 a las 0:30 cuando Eduardo Alfredo Funes se encontraba en el exterior del Gimnasio Municipal 3, en inmediaciones de Los Plátanos y Pieragnoli, Juan Julio Serrano, César Sebastián Bahamonde, y un grupo de al menos tres personas aún no identificadas, agredieron con golpes de puño y patadas a Eduardo Alfredo Funes.
Funes escapó de sus agresores por calle Pieragnoli hacia el pasaje Los Ciruelos y fue interceptado por Serrano y Bahamonde, quienes con claras intenciones de darle muerte lo agredieron con puntapiés y golpes de puño en el cuerpo. Posteriormente, con la finalidad de seguir lesionando a la víctima, que seguía con vida, le efectuaron cortes con un elemento mono-cortante.
LESIONES EN VIDA
Luego de ello, los coimputados arrastraron a Funes hasta la zona del desagüe y allí Serrano tomó la parte superior de una cocina que se encontraba abandonada en el lugar (un gabinete de hornallas) y le propinó con ese elemento diversos golpes en el rostro a Funes, quien aún continuaba con vida.
Con el accionar descripto, los imputados causaron un padecimiento a la víctima, materializado por la crueldad desplegada al causarle 72 lesiones con diversidad de elementos.
Finalmente, Serrano y Bahamonde se retiraron del lugar corriendo. Producto de la agresión, Funes perdió la vida por "shock hemorrágico irreversible debido a múltiples heridas de arma blanca en tórax, abdomen y miembro inferior derecho y múltiples heridas contusas en cráneo y rostro, 21 lesiones causadas en el rostro, y 45 heridas cortantes no penetrantes en zona de tórax, abdomen, miembro superior derecho y miembro inferior derecho, siendo 6 las heridas cortantes penetrantes en cavidad abdominal".
La fiscal calificó legalmente el hecho como "homicidio agravado por haber sido cometido con ensañamiento", en calidad de "coautores" para Bahamonde y Serrano con una expectativa de pena por el gravante que asciende a la prisión perpetua.