La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial mediante la Resolución 746/2026 del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, y tendrá vigencia desde el 7 de enero de 2026 hasta el 7 de enero de 2027.
La disposición alcanza a todas las explotaciones ganaderas afectadas por la crisis hídrica y se enmarca dentro de la Ley Nacional 26.509 de emergencia agropecuaria.
A partir de esta declaración, productores chubutenses podrán acceder a beneficios impositivos, prórrogas fiscales y herramientas de asistencia financiera destinadas a paliar las pérdidas ocasionadas por la falta de lluvias.
Para acceder a los beneficios, los damnificados deberán presentar certificados emitidos por autoridades provinciales que acrediten los daños sufridos en sus establecimientos rurales.
Además, el Gobierno provincial deberá remitir el listado de productores afectados ante la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.
La normativa también contempla líneas de financiamiento especiales a través de entidades bancarias y mecanismos de alivio fiscal administrados por Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
En paralelo, el Gobierno nacional declaró medidas similares para Santa Cruz —también afectada por sequías y fuertes vientos— y para distintos departamentos de Mendoza perjudicados por heladas y tormentas de granizo.
La situación climática mantiene en alerta al sector agropecuario patagónico, especialmente en las zonas rurales donde la escasez de agua y el deterioro de los campos impactan directamente sobre la producción ganadera.