Según el texto, la norma “queda suspendida en su ejecución” hasta que el Parlamento “defina las fuentes de financiamiento e incluya en el Presupuesto Nacional las partidas necesarias para cubrir los gastos que prevé”. En ese sentido, el Ejecutivo recordó que el proyecto de Presupuesto 2026 ya fue remitido al Congreso y que será allí donde se discuta de manera integral cómo afrontar las erogaciones de cada política pública.
La Ley de Emergencia en Discapacidad había sido vetada por el presidente Javier Milei en agosto, pero el Congreso revirtió la medida con dos tercios de los votos en ambas cámaras, obligando a su promulgación. No obstante, ahora la Casa Rosada condicionó su implementación a la definición presupuestaria.
En paralelo, el Ejecutivo publicó la Decisión Administrativa 24/2025, que reasigna partidas por más de 121 mil millones de pesos a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El refuerzo presupuestario, que entrará en vigencia el 1° de octubre, busca actualizar los pagos a prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas, contemplado en la Ley 24.901.
De esta manera, mientras la aplicación de la Emergencia en Discapacidad queda en suspenso, el Gobierno dispuso recursos adicionales para la ANDIS con el fin de garantizar el funcionamiento inmediato del sistema.