En el Concejo le pusieron límites a las contrataciones del Poder Ejecutivo

El Concejo Deliberante prorrogó el jueves, hasta fin de año, la ordenanza de emergencia económica que estableció las condiciones especiales para el manejo de partidas y para atender las consecuencias del temporal. Los concejales introdujeron cambios sobre la normativa original, incorporando algunos requisitos que deben seguirse para contratación o pago de trabajos.

Tal como adelantó El Patagónico en su edición del jueves, el Concejo Deliberante definió extender la vigencia de la ordenanza de emergencia económica, social y administrativa que en abril se impuso para atender los efectos y necesidades de atención urgente que demandó el temporal que castigó a esta ciudad entre el 29 de marzo y el 8 de abril.

Ante el planteo inicial de la bancada de la Alianza Cambiemos que conduce José Gaspar, y que luego fue aceptado por la totalidad del Cuerpo, la norma sufrió algunos cambios respecto del texto original. La intención de los mismos –que sin embargo no altera las posibilidades que tiene el Ejecutivo para sortear barreras administrativas en contrataciones- es generar mayores controles y requisitos a la hora de facturar o abonar trabajos realizados durante la tormenta.

La discusión y redacción de esos cambios impulsados por el macrismo fue lo que motivó el extenso retraso que tuvo el arranque de la reunión legislativa, que estaba previsto para las 11 y que se efectivizó recién a las 17.

“Queremos seguir ayudando en la emergencia, pero como ya pasaron seis meses y muchas cosas se atendieron la idea es agregar estos controles para que todo se haga de manera más prolija y como corresponde”, explicó el titular de la bancada radical, José Gaspar, a El Patagónico.

LOS CAMBIOS

Los cambios establecidos, en definitiva, básicamente pasaron por la eliminación del artículo 6, que permitía al Ejecutivo tomar empréstitos de manera directa y agregar un inciso al quinto, en el que se detallaron los requisitos que deben cumplir para facturar y cobrar tareas relacionadas con el temporal.

Este agregado se originó luego de que se conociera, por un informe publicado por este diario, que el Tribunal de Cuentas Municipal (TCM) objetó el 40% de los expedientes con facturaciones de transportistas y maquinistas que levantaron miles de toneladas de barro que, básicamente, el temporal depositó en el barrio Juan XXIII.

Los concejales también decidieron extender la emergencia formal y administrativa hasta el 31 de diciembre, ya que se empieza a discutir en las próximas semanas el proyecto presupuestario 2018, pero posibilitaron que los beneficios que se les otorgaron a algunos vecinos -los más damnificados por el temporal- se prorroguen hasta el 31 de marzo.

Luego de la aprobación del presupuesto de 2018, y mientras siguen vigentes los sistemas de contrataciones para las obras que con fondos nacionales se realizarán en relación al temporal, los concejales seguramente en las primeras sesiones del año próximo extenderán el resto de la emergencia.

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