El Hospital Garrahan, uno de los más importantes del país en atención pediátrica, se encuentra en el ojo de la tormenta tras denuncias que involucran la administración de sus recursos financieros. En medio de un contexto de ajuste impulsado por la administración de Javier Milei, trabajadores y autoridades del hospital han alzado la voz ante el desvío de fondos hacia un fondo de inversión, atribuido a Luis Caputo.
La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital, respaldada por la Comisión de Salud del Congreso, ha exigido una auditoría detallada que esclarezca el destino de los recursos administrativos del hospital. Según ha denunciado Norma Lezana, la secretaria general del gremio que representa a los empleados del hospital, una porción significativa de la recaudación, destinada originalmente a obras de infraestructura y pagos salariales, ha sido desviada hacia un fondo de inversión. "Es una situación que ha generado gran conmoción", subraya Lezana, expresando el sentir de los trabajadores del Garrahan.
El conflicto no es menor, dado que la recaudación bajo análisis alcanza la cifra de 40.000 millones de pesos, correspondientes al 35% de las prácticas médicas implementadas por el sanatorio, fondos normalmente dirigidos a mejoras en las instalaciones y complementos salariales. La controversia se intensificó cuando la información oficial reveló que estos recursos fueron a parar al Fondo de Inversión Carlos Pellegini, administrado por el Banco Nación. Para Lezana, las autoridades del hospital han fracasado en justificar este redireccionamiento.
Todo este escenario ha llamado la atención no solo de los trabajadores del hospital sino también de figuras políticas como la diputada Victoria Tolosa Paz. Ella ha criticado fuertemente la gestión del gobierno actual, sugiriendo que dichos recursos fueron entregados con otros fines, tales como el control cambiario, en lugar de mejorar la situación de los empleados del Garrahan. Tolosa Paz enfatiza que por ley, estos recursos deberían haber beneficiado directamente a los trabajadores y facilitado la expansión de la infraestructura.
En respuesta, los trabajadores y sus aliados han iniciado una serie de movilizaciones, agrupando a empleados, pacientes, familias y organizaciones defensoras de los derechos humanos. Reclaman por la revisión de una "Ley de Emergencia Pediátrica" que restaure el poder adquisitivo perdido y garantice un uso adecuado de los fondos hospitalarios. Para ellos, esta lucha representa no solo la defensa de sus derechos laborales, sino también el respaldo a un servicio vital para la comunidad infantil del país.