Implementarán el sistema de vigilancia electrónica para arrestos domiciliarios

El secretario de Seguridad de Santa Cruz, Lisandro De La Torre, encabezó en Río Gallegos la firma de un convenio de colaboración con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a través del cual la provincia incorporará dispositivos electrónicos -tobilleras- para la vigilancia de personas privadas de la libertad con arresto domiciliario.

Caleta Olivia (agencia)

El documento también fue firmado por Patricio Handerson y Esteban Mahuiques, funcionarios del Consejo Federal Penitenciario y de la Subsecretaría de Relaciones –respectivamente-, organismos dependientes del ministerio nacional.

Del acto también tomaron parte integrantes de la plana mayor de la Policía provincial, liderados por el comisario general (R) José Luis Cortés, además de miembros de la justicia provincial.

La iniciativa forma parte del Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica creado en 2015 por la Dirección Nacional de Readaptación Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

A partir del mismo se procura abordar de manera integral las situaciones que viven personas privadas de la libertad con arresto domiciliario.

Consiste en el otorgamiento de un dispositivo electrónico de control para asegurar que se cumpla el arresto domiciliario sin violar los perímetros de distancia dispuestos por la justicia.

Por otra parte, se busca realizar un abordaje de las problemáticas que atraviesan las personas que deben llevar la tobillera, desde una perspectiva de Derechos Humanos y Género, brindándoles asistencia psicológica para facilitar su reinserción social.

Para tal fin se requiere la participación de un equipo profesional integrado por licenciados en psicología, trabajo social y abogados/as para garantizar el abordaje psicosocial y la articulación con el poder judicial.

Para su implementación los nuevos operadores de la policía santacruceña, especialmente seleccionados, participarán de la capacitación dictada por la empresa proveedora del software y el Ministerio de Justicia, teniendo también en cuenta que se creará un centro de monitoreo.

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