La audiencia de control de detención de Maximiliano Ponce, se llevó a cabo el lunes en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia y allí la fiscal general, Camila Banfi, lo imputó por el delito de asociación ilícita. Señaló que su función en la organización era la de transportar los vehículos que comercializaban otros integrantes de la banda, en el camión mosquito de su propiedad.
El imputado fue asistido por el defensor particular Alejandro Fuentes, quien no objetó la formalización de la investigación. El acto fue presidido por la juez penal Mariel Suárez, quien legalizó la detención a pedido de la fiscal y dio por formalizada la investigación preparatoria de juicio.
A todo esto, la acusadora pública no solicitó medida de prisión alguna para Ponce y en virtud de ello la defensa reclamó la libertad, la cual fue otorgada en forma previa a fijarse domicilio para las correspondientes notificaciones.
ABREVIADO A GARCIARENA
La situación de Elvio Abel Garciarena quedó definida ayer con la homologación del acuerdo de juicio abreviado que presentaron las partes. El imputado fue asistido por el defensor particular, Alejandro Fuentes y la Fiscalía por Camila Banfi, quien entiende en la causa.
En dicho acuerdo se convino una pena de tres años de prisión en suspenso, teniendo en cuenta que la participación del imputado en la banda tenía que ver con el ocultamiento de los vehículos en su chacra de General Conesa.
Ayer, tras el análisis del acuerdo, el imputado declaró su conformidad con el mismo y aceptó el monto de la pena fijada, por lo que se confirmó su homologación y recuperó la libertad.
Hay que recordar que la semana pasada se homologó un juicio abreviado contra el ex comisario Julio Villarroel, también por tres años en suspenso. En su caso, la función que cumplía era la de asesoramiento a la organización.
En otro orden de cosas, hay que tener presente que el imputado Oscar Eduardo Peralta recuperó la libertad la semana pasada con una serie de medidas de conducta y prohibición de salir de esta ciudad, tal como lo dispuso oportunamente el juez Américo Juárez.
En la causa, además, están imputados por asociación ilícita tres miembros de la familia Rolón, como lo son Julio y sus hijos Lucas y Noelia. A ellos y a los nombrados anteriormente se suma Marcelo Vargas.
Los delitos que se investigan son estafas, robos de vehículos, falsificación y adulteración de numeración de automotores. Las víctimas fueron ubicadas en Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Trelew, General Conesa, Viedma y Buenos Aires, algunos de cuyos delitos se cometieron en 2012.
A criterio de la Fiscalía, la banda mantuvo permanencia, planificación y asociación para actuar. Los imputados están sospechados de poner a la venta vehículos originalmente alquilados o robados, falsificar y suscribir documentación, todo mediante engaño, lo mismo que comprar vehículos con cheques adulterados o robados.