La Justicia aceptó la incorporación de querellantes en la causa "El Embrujo"

El juez Sergio Piñeda aceptó la incorporación como querellantes de la Fiscalía de Estado, la Oficina Anticorrupción, de los diputados Meza Evans, Marcilla y Dufour, y de la Asociación Iniciativa Ciudadana contra la Corrupción en Chubut.

El juez de garantías Sergio Piñeda convalidó que en la investigación de la causa “El Embrujo” se presenten como querellantes los representantes de la Fiscalía de Estado, de la Oficina Antocorrupción, los diputados provinciales del bloque del PJ-FpV que realizaron la denuncia –Blas Meza Evans, Alejandra Marcilla y Gabriela Dufour- y la ONG Iniciativa Ciudadana. Por el momento todos los querellantes lo hacen en carácter de “adhesivos”, es decir que acompañan en su totalidad la investigación que están llevando adelante los fiscales generales Alex Williams y Omar Rodríguez.

Los imputados en la causa son Diego Correa y Diego Lüters –exfuncionarios provinciales-, Natalia Mc Leod, Daniela Souza, Juan Carlos Ramón, Sandro Figueroa y el contador Federico Gatica. Este último está imputado del delito de lavado de activos. Los restantes por el delito de asociación ilícita en perjuicio de la administración pública, Correa en carácter de jefe y las otras cinco personas como partícipes necesarios.

La audiencia de presentación de los querellantes se realizó ayer en el edificio del Superior Tribunal de Justicia en Rawson, habida cuenta la gran cantidad de personas presentes representadas en la oportunidad. En su resolución el juez Piñeda aprovechó además a descartar todo tipo de motivación política en su proceder.

El cuestionamiento que uno de los defensores había realizado para la rechazar la condición de querellante de la ONG Iniciativa Ciudadana, fue rechazada por Piñeda. El defensor Fabián Gabalachis había argumentado que Iniciativa Ciudadana se creó con posterioridad a los hechos investigados. Planteó que la mencionada organización “fue una consecuencia de los hechos investigados”.

Piñeda fue contundente al responderle en su resolución que el Código Procesal Penal del Chubut nada dice que el querellante debe reunir requisitos puntuales respecto de la fecha de creación o de su antigüedad.

“Nos estamos presentando como ciudadanos preocupados por la corrupción. Nuestra actuación no por política deja de ser jurídica porque claramente nuestra Constitución es política con efectos jurídicos”, sostuvo el abogado Pablo Hualpa, uno de los integrantes de la ONG. La misma es integrada además por el jurista Alberto Binder, creador del Código Procesal Penal que rige en Chubut.

Todos los querellantes destacaron ser “adhesivos” o “adherentes” a la investigación que hasta el momento llevan adelantes los fiscales generales Williams y Rodríguez. Es decir que acompañan la línea investigativa que se sigue, la descripción de los hechos, las pruebas reunidas hasta el momento y las calificaciones legales elegidas para cada uno de los siete imputados.

En su resolución, el juez Piñeda destacó que el carácter de “adhesivo o autónomo” de cada uno de los querellantes, “puede ir mutando con el tiempo y el transcurrir de la investigación. Si se da esa circunstancia, deberé resolver en el momento, porque en este momento no sirve de nada hacer futurología”, indicó.

Respecto de la participación de los diputados provinciales que realizaron la denuncia y los posibles intereses políticos en la investigación, Piñeda manifestó: “esta es una investigación netamente jurídica más allá de las consecuencias políticas. Solo haré valer la aplicación del Código Procesal Penal y los derechos que tienen no solo las víctimas sino también los imputados. Esta es una causa penal muy importante y grave, por la gran cantidad de delitos que se investigan y la gran cantidad de documentación que se tiene como pruebas. A todo este proceso y las respectivas pruebas podrán acceder todas las partes”, afirmó.

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